OBSERVATORIO GLOBAL DE MEDIOS

UNA APROXIMACIÓN AL PAPEL
DE LOS OBSERVATORIOS DE MEDIOS EN UN SISTEMA DEMOCRÁTICO

Ponencia presentada en el Primer Simposio “Comunicación para el Siglo XXI / Observando a los Medios”, desarrollado en la Universidad Santiago de Cali, Colombia, los días 13 y 14 de octubre de 2005.

OLGA DRAGNIC

Caracas, septiembre 2005

Creo que es necesario comenzar por una premisa fundamental: al margen de las especificidades teleológicas y los sistemas operativos que pueda asumir un Observatorio de Medios, es condición sine cuan non que, en la sociedad en la cual se inserte, exista un sistema democrático donde se cumplan las normas básicas para que los procesos de comunicación social puedan desarrollarse plenamente: la libertad de expresión, el derecho de informar, el derecho a obtener una información de calidad, el derecho al libre acceso a las fuentes informativas, el derecho de réplica y de rectificación.
Sin embargo, los actuales sistemas democráticos no tienen una configuración homogénea, aún cuando ciertas disposiciones legales sean comunes a todos. Asimismo, son cada vez más frecuentes las dudas sobre la vigencia de las llamadas democracias representativas, al comprobarse su poca eficacia e interés para trascender los objetivos puramente formales. En el interior de las sociedades, existe una sensación, todavía difusa, que fue calificada por un comentarista de la oposición venezolana como “fatiga democrática”. Frente a la percepción tradicional de la democracia surgen proposiciones teóricas e intentos concretos para reorientar su funcionamiento y sus fines en sentido no solo político sino, y fundamentalmente, social. Se pretende alcanzar, mediante disposiciones legales y organizaciones sociales de base, una efectiva intervención de la ciudadanía en la planificación y gestión de las políticas públicas. Tal es el caso de las democracias participativas.
Los Medios y la Democracia
Uno de los ejes sobre los cuales se aspiraba a cimentar la relación ciudadanos-poderes públicos en las democracias representativas era la prensa: “el verdadero equivalente del Ágora”, sostenía John Stuart Mill. Los medios fueron percibidos como instancias fiscalizadoras de la gestión pública , como mediadores entre los poderes y los ciudadanos, en el sentido de articular demandas, descontentos y aspiraciones de los últimos ante las autoridades electas. Al mismo tiempo se les asignaba el deber de ofrecer una información oportuna e imparcial, como una mediación indispensable para proporcionar a los receptores los conocimientos que posibilitaran su formación democrática y ciudadana. Todas las teorías políticas liberales, desde las clásicas hasta las contemporáneas, reivindican la importancia de la información en la constitución del espacio público.
Para que tal mediación fuera posible, sin interferencias de otros intereses, fue fundamental la consolidación, a mediados del siglo diecinueve, de grupos de medios independientes, debido a que la publicidad pasó a ser la fuente de su sustentación financiera.
La llamada Doctrina de la Objetividad había precisado los términos de esa relación: la publicidad, se estimaba entonces, estaba al margen de los intereses políticos y, en consecuencia, los medios podrían cumplir, sin presiones ni condicionamientos, su función social de informar “objetivamente”. Aunque tal independencia nunca fue total ni completa, en cierta medida y durante algún tiempo, la fórmula parecía funcionar. Por su parte, los Estados debían garantizan la libertad de expresión y de información.
La redistribución de los conocimientos, que siempre son un poder, debía aminorar el desequilibrio existente entre los sectores hegemónicos y los estratos menos favorecidos. Se buscaba lograr el equilibrio entre la libertad e igualdad. Esta era la ecuación que estaban llamados a cumplir los medios independientes y los periodistas.
Desde comienzos del siglo veinte, el espectro mediático se percibe dividido en dos grandes grupos. Por un lado, los medios voceros de gobiernos, partidos políticos, sectores religiosos o posiciones ideológicas. Por el otro, las empresas con fines de lucro, no adscritas a ninguna instancia política, social o religiosa. Estos medios independientes proclaman su adhesión a los valores democráticos y se comprometen a cumplir un importante papel en la formación ciudadana. Pero las denuncias de diversas procedencias coinciden en señalar que esos medios, a nivel mundial, tienden a abandonar esa función para transformarse en voceros de sectores políticos y financieros, al mismo tiempo que asumen estructuras monopólicas y oligopólicas
Por otra parte, se afirma que los medios se han transformado, o aspiran a transformarse, en actores políticos, reemplazando a los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, los medios independientes siguen proclamando, de forma explícita, su primigenio compromiso social y su autonomía. Por eso, y hasta que no renuncien a ellos, es procedente reclamarles su cumplimiento. Pero algo debe haber cambiado en su rol social para que ese reclamo se haga cada vez más necesario.
Tal vez la experiencia venezolana pueda ilustrar, en alguna medida, ese proceso. Con el surgimiento de una nueva orientación política, representada por el triunfo de Hugo Chávez, los medios optaron por asumir una actitud beligerante. Dejaron de ser independientes, engrosaron el sector de medios comprometidos con determinada orientación política, se transformaron en agitadores y a menudo suplantaron los contenidos informativos por la propaganda. De forma que los ciudadanos solo disponían de informaciones sesgadas: por un lado, los medios del Estado, con su tradicional papel de defensores de los intereses del gobierno de turno, también de corte propagandístico; por el otro, los medios privados en su papel de voceros de la oposición. Si bien la intensidad de esas desviaciones ha mermado un tanto, el ciudadano venezolano todavía no dispone de una corriente informativa libre de tergiversaciones.
Sin llegar a esos extremos, la misma tendencia se registra en muchas democracias contemporáneas, a juzgar por consistentes señalamientos y denuncias. Y eso es lo que debe llamarnos la atención, pues el caso venezolano podría ser percibido como una crisis de excepcionales características por causas que no están presentes en otras democracias.
En el marco de esta problemática sería conveniente referirse también a un fenómeno comunicacional que ha sido señalado con insistencia: la metamorfosis que se está verificando en la elaboración de los contenidos informativos y en el desempeño de los profesionales del periodismo.
James Reston afirmó que el siglo XIX era el siglo de los escritores y el siglo XX de los periodistas. Apenas despuntando el nuevo siglo, surge el temor de que la profesión y la labor periodísticas sean suplantadas por un profesional y una actividad de tipo híbrido en el límite entre el publicista y el relacionista público. La nítida diferenciación que había existido entre periodismo, publicidad y relaciones públicas, en términos no solo de la especificidad profesional sino, y sobre todo, en su dimensión ética, parece ser hoy cada vez más laxa y en muchos casos esos diferentes roles sociales de los comunicadores se solapan
Por otra parte, las organizaciones supranacionales que se ocupan de los procesos comunicacionales, como es el caso de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, concuerdan en sus análisis con los valores que en las democracias liberales se corresponden principalmente con los derechos civiles y políticos de los ciudadanos frente al Estado. De allí que solo se controla y evalúa la existencia de la libertad de expresión, siempre en relación con las acciones del Estado. Por esas razones, no entra en el baremo de esas instituciones la evaluación de los medios independientes en relación a los derechos ciudadanos a obtener una información imparcial .
Las comprobaciones de los cambios intrínsecos de los medios, hacen suponer que el abandono de aquella función que se les había otorgado no es casual ni responde a una decisión arbitraria. Habría que preguntarse si ese cambio no obedece a modificaciones surgidas en el seno de las mismas democracias liberales. De allí que la reflexión sobre los medios debe orientarse en el mismo sentido que tiene hoy la revisión de las teorías sobre la democracia y su inserción social. En ese sentido, gran parte de las reflexiones actuales en torno a los valores conceptuales y la praxis de la democracia representativa se orientan a indagar la vigencia de un sistema que pareciera haber llegado a su punto de agotamiento. Y, presuponiendo que los medios masivos de alguna manera tienden a propiciar un sistema político distinto a la democracia liberal, la pregunta que surge es ¿cuáles pueden ser las consecuencias de ese hecho?
La definición principal de la democracia se basa en el concepto de “un gobierno del pueblo” que se concretiza a través de las elecciones. Para que el acto de votar tenga sentido democrático, las elecciones deben ser libres. Pero, como señala Giovanni Sartori, en Teoría de la Democracia, la opinión también tiene que ser, en algún aspecto fundamental, libre, porque “las elecciones libres- afirma- con una opinión que no es libre no significan nada. Sostenemos que el pueblo debe ser soberano. Pero un soberano vacío que no tiene nada que decir; sin opiniones propias, es un mero sancionador, alguien que se limita a ratificar algo, un soberano de nada “.
¿Cómo se formar una opinión libre? Todos conocemos las técnicas de manipulación propagandística que se desarrollan en épocas de elecciones, comenzando por los candidatos, partidos políticos y grupos de electores, pasando por los sofisticados recursos de las viejas y nuevas tecnologías mediáticas hasta culminar con encuestas fraudulentas y los mensajes subliminales. Con esos recursos se puede lograr adhesión y ganar votos. Pero ni ese voto es libre ni tiene la esencia de una decisión soberana y conciente. Para la conformación de una opinión libre el camino es más largo que el tiempo de las campañas electorales y se requiere de condiciones propicias para que el raciocinio, y no los estímulos epidérmicos, determine su sentido. Eso implica que, de algún modo, el votante, tanto en tiempos de elecciones como en todo momento en su condición de ciudadano, debe obtener suficientes referencias no manipuladas sobre la res pública para poder, libremente y acorde con su escala de valores, conformar una opinión sustentada en el conocimiento y en la reflexión.
Una de las cuestiones más debatidas en los últimos decenios es la capacidad de persuasión de los medios de comunicación social en un sistema democrático. Los apocalípticos suelen sostener una posición rotunda al respecto, otorgando a los medios un poder casi omnímodo en la conformación de las opiniones e incluso en la determinación de las actitudes. Pero la disposición de asimilar los mensajes mediáticos, sin reservas, con plena creencia en la veracidad de las informaciones que transmiten, no siempre es total.
El caso venezolano de los años 2002 y 2003 es paradigmático al respecto. Prácticamente todo el sector de los medios privados había conformado una estrategia informativa y de opinión en función de lograr un fin político: cambio de gobierno. En cierta medida, lograron sus objetivos: movilizaron un impresionante grupo humano que seguía a pie juntillas sus orientaciones, incluso cuando tales acciones implicaban un alto riesgo personal.
Lo que más llama la atención es la polarización que se produjo en el interior de la sociedad venezolana. La capacidad de penetración de los medios de la oposición, en aquel entonces, era abrumadora: más del 90 % del total. Sin embargo, solo lograron convencer y activar políticamente a ciertos sectores de las capas medidas de las grandes ciudades.
Este caso podría ser analizado dentro del concepto que Berelson elaboró hace algunos años, en el sentido de que existen actitudes por parte de los receptores que resisten las noticias y las opiniones dominantes de los medios, debido a las identificaciones previas. Esta confirmación de la relativa y condicionada capacidad de persuasión de los medios en ningún caso niega su capacidad de manipulación. Al contrario, la experiencia venezolana demuestra cuán peligroso puede llegar a ser el uso irresponsable de los medios: el país estuvo al borde de una guerra civil.
La Dimensión Ética
Por lo general, al hacer referencia a los valores éticos en los contextos como la democracia y la comunicación social, o en la relación entre ambas, se tiende a percibir su vigencia en sentido restringido: lo que está permitido y lo que está prohibido. Pocas veces se hace derivar y desarrollar esos señalamientos desde su carácter teleológico, basado en determinados objetivos que se aspira a alcanzar con fines altruistas, sintetizados ya en Rousseau como “ el bien común “.
Los compromisos éticos de los medios se basan en la constatación de su responsabilidad social, debido a los efectos que su desempeño origina en el interior de una sociedad dada. La responsabilidad, como concepto filosófico, solo existe cuando el sujeto activo es consciente de las consecuencias que su acción puede generar. El adjetivo “social” extiende ese principio a una actividad de dimensiones extra personales.
Al mismo tiempo, y derivado del concepto anterior, a los medios y a los comunicadores se les otorga, y ellos lo asumen explícitamente, una importante función social, de la cual, en una medida considerable, depende el funcionamiento del sistema y el logro de los ideales democráticos. Esta función y sus consecuencias no se limitan a la esfera de lo político, pues también abarca dimensiones tan amplias y diversas como la cultura, la salud mental o la convivencia pacífica de un pueblo .
Los dueños, editores y periodistas de algunos medios venezolanos que asumieron una posición beligerante en el conflicto político-social, justificaron tal cambio como una necesidad para salvar el sistema democrático, como un breve interregno que, una vez logrado el objetivo -cambio de gobierno por medios no democráticos- volverían a cumplir con su “sagrado deber de informar” como lo expresó el diario El Universal.
Pero esas experiencias venezolanas pueden ser situaciones límites y tener solo valor referencial como ejemplo hasta donde puede llegar una desviación consciente y planificada de los compromisos de responsabilidad social de los medios. Lo que más preocupa es un cambio generalizado, sostenido, sutil, no asumido públicamente, que solo puede ser comprobado fehacientemente mediante seguimientos y análisis científicos.
¿Qué hacer ?
Considerando las características de la llamada sociedad de la información y la importancia que han adquirido las industrias de contenido, la integración industrial que permite la convergencia tecnológica, los variados desarrollos de la televisión y la multimedia, la convergencia de inversiones de capital hacia el sector, entre otros factores, puede afirmarse que este proceso es, a la vez, el proceso de manipulación de la conciencia social y de dominio político. Es decir, la manera de concebir y ejercer la democracia está sufriendo modificaciones de consecuencias imprevisibles para la convivencia humana.
Tomar conciencia de la gravedad de esos hechos no resulta fácil para el público receptor, sobre todo cuando muchas de esas modificaciones vienen envueltas en un simulacro de gratificaciones instantáneas. Existe, sin duda, descontento y cierta sensación de desamparo y desconfianza frente a la reorientación de los medios, pero se carece de una percepción clara de sus causas y, sobre todo, de lo que pueda hacerse para neutralizar esas desviaciones.
De allí la necesidad de instituciones que, como los Observatorios de Medios, están llamadas a asumir un papel socialmente relevante. Por un lado, deben demostrar fehacientemente el abandono de los principios de responsabilidad social por parte de los medios, discernir las posibles causas y consecuencias y, por el otro, orientar a los ciudadanos sobre el uso crítico de los mensajes mediáticos.
Su trascendencia social debe provenir de la calidad científica de sus trabajos investigativos, de la total independencia frente a cualquier sector de poder o grupo de presión, y de su compromiso moral con los receptores. Sobre estos tres ejes se debería articular la acción de los Observatorios y, acorde a ellos, estructurar su funcionamiento.
El objetivo de su razón social deber ser, en primer lugar, la defensa de un sistema democrático que permita una real participación ciudadana en la esfera de lo público. En consonancia con los planteamientos anteriores, tal participación solo es posible si los miembros de una sociedad disponen de suficientes conocimientos y referencias que les permitan estructurar una opinión libre para la toma conciente de las decisiones. Ese precepto presupone la existencia de la libertad de expresión y las demás leyes conexas. En ese marco general de valores democráticos se inscribe el trabajo investigativo que sobre los medios deben emprender los Observatorios de Medios.
Los planteamientos críticos y reflexiones teóricas sobre la comunicación social tienen un nivel de indudable claridad y calidad, en los cuales se identifican los problemas y se señalan las áreas prioritarias para la investigación empírica. Las dificultades comienzan cuando se procede a delimitar el objeto de estudio y las metodologías pertinentes para cada caso. Los problemas por resolver son múltiples: qué investigar, por qué investigar determinados aspectos y no otros y, por último, cómo investigar. Estas incertidumbres deben ser resueltas en virtud de las prioridades de cada caso específico, sin olvidar las disponibilidades financieras para afrontar los costos. Más que señalar los casos concretos, ni buscar soluciones en abstracto, lo que interesa aquí es señalar los límites dentro de los cuales se debe situar la investigación de los contenidos periodísticos.
En virtud del derecho de la libertad de expresión, los contenidos opináticos no pueden ser objeto de un análisis científico según los parámetros de lo que genéricamente se ha denominado “la calidad de los contenidos periodísticos”. La doxa solo puede ser analizada y evaluada en virtud de los derechos humanos y de la seguridad nacional y personal. Pero es procedente y necesario determinar si los medios independientes cumplen con uno de los principios de imparcialidad que se les exige: ofrecer, en sus páginas editoriales, la expresión de la pluralidad de opiniones existentes en un país.
Se suele asimilar a esta categoría de análisis a los medios no independientes. Aún cuando en sus ediciones figuren contenidos informativos, sabemos, por su propia definición, que ellos no asumen compromisos de imparcialidad. Sin embargo, todos los medios, cualesquiera que sean sus metas ideológicos o pecuniarias, tienen una responsabilidad social y legal por el solo hecho de operar en una sociedad. En las democracias existen valores culturales y derechos humanos que deben ser observados y defendidos por todos. De allí que, en determinadas circunstancias y con fines investigativos específicos, es pertinente analizar y evaluar los contenidos de ese grupo de medios.
El tercer sector de medios-los comunitarios o populares- debe satisfacer las necesidades informativas de sectores que pocas veces tienen acceso a los demás medios. Este grupo podría constituir un importante campo de análisis, sobre todo para la verificación del cumplimiento de su carácter comunitario y participativo.
Pero el problema crucial que se enfrenta actualmente es el cambio de la posición editorial de los medios independientes, cuyo alcance de penetración y su tradicional inserción y credibilidad en el cuerpo social siguen prevaleciendo, debido, en parte, a su condición, cierta o supuesta, de neutrales. Por esas razones, este es el grupo de medios que, prioritariamente, debe ser sometido al seguimiento, análisis y evaluación. Esta proposición se basa en dos preceptos: uno de orden legal; otro de carácter deontológico. El primero es el derecho de los receptores a obtener una información de calidad, garantizado constitucionalmente. El mismo se deriva del derecho a la libertad de expresión y es, como lo precisa Javier Darío Restrepo, “su objetivo y justificación: el derecho a la información, que es el derecho de quien recibe”.
El precepto deontológico lo establecen los propios medios independientes y los periodistas. Los primeros precisan sus compromisos éticos en relación a los receptores en los Principios Editoriales de los Libros de Estilo; los periodistas, en sus Códigos de Ética. En virtud de esas normas legales y éticas se debe orientar la labor investigativa y la evaluación de esos medios.
El concepto de “la calidad de la información periodística”, que suele tomarse como baremo para el análisis de medios independientes, debe ser definido a priori por los Observatorios de Medios, por cuanto de lo que se entienda por “calidad de la información” se derivarán los aspectos por analizar, las metodologías para la investigación y la evaluación de los medios. Bajo esa denominación se comprende diferentes principios, ideas, normas, valores, siempre relacionados con los requerimientos informativos de los ciudadanos.
Dos términos generan mayor confusión: la objetividad y la veracidad. La objetividad ha tenido un largo periplo de vigencia y confusión. Creo que a estas alturas ni siquiera vale la pena plantearse una discusión sobre la posibilidad de que el trabajo periodístico pueda ser objetivo. Los hallazgos de la psicología social y los aportes de otras disciplinas sociales demostraron fehacientemente las falacias de ese postulado positivista.
En cambio, el término “información veraz”, que figura en varias constituciones, crea problemas al momento de evaluar la información. En la filosofía, la veracidad es una cualidad moral del ser humano, no de cosas como una información. De allí que la lectura que debemos dar a esa expresión debe ser referida a los profesionales que intervienen en la elaboración de los contenidos, en el sentido de que ellos deben ser veraces en la realización del trabajo profesional, desde el reportero que investiga un hecho noticioso, y redacta o narra la noticia, hasta el editor que la titula, jerarquiza o elabora su presentación icónica. Lo que se exige, en realidad, es investigar los hechos sin sesgos tendenciosos, y no mentir al redactarla, jerarquizarla o transmitirla. Toda información es una versión sobre los hechos, no los hechos en sí. Tampoco se puede afirmar con certeza que esa versión contenga toda la verdad de esos hechos. Porque esa versión es una representación de la realidad, realizada desde las carencias perceptivas inherentes a todo ser humano, pero con la honestidad del periodista comprometido con su ética profesional.
Son varios los aspectos que determinan la calidad de la información: la conformación no tendenciosa ni tergiversada de la agenda, su jeraquización, la correspondencia entre la titulación y el texto, la contrastación de las fuentes, el equilibrado y ponderado uso de las imágenes en la televisión. Cado uno de esos componentes y muchos otros que sería largo de enumerar, una vez investigados y evaluados científicamente, dan el índice de equilibrio informativo, comprendido como la imparcialidad con la cual un medio aborda la actualidad y elabora y presenta la versión periodística de los hechos. En la medición de la imparcialidad puede ser de gran valor el análisis crítico del discurso. Estos son apenas algunos aspectos a tomar en cuenta al momento de definir los parámetros de la investigación.
En este texto hemos centrado el enfoque en los contenidos periodísticos y, específicamente, en su dimensión política, debido a su relación directa con el sistema democrático. Pero los contenidos y la acción de los medios abarcan muchos otros componentes de la vida societaria, tan importantes como lo informativo-político. De allí que la determinación de qué investigar debe responder a las circunstancias sociales y mediáticas en cada caso concreto.
La necesidad de que los Observatorios mantengan una total independencia de todos las sectores del poder no requiere mayor justificación. No tendría sentido una organización como ésta adscrita a algunos de los factores políticos o grupos de presión. Su único compromiso es con la democracia y con los ciudadanos.
Por lo general, los Observatorios se constituyen como asociaciones civiles sin fines lucro, es decir, forman parte de ese indefinido y un tanto amorfo conjunto de organizaciones que se llama “la sociedad civil”. Creemos, sin embargo, que la labor de los Observatorios de Medios no debería circunscribirse solo al sector de los ciudadanos sin compromisos políticos, por cuanto los problemas relacionados con los medios atañen a todos por igual y, como ciudadanos, tenemos los mismos derechos y la perentoria necesidad de exigirles el cumplimiento de sus compromisos con la democracia.
¿Cómo podría articularse la relación de nuestra organización con el múltiple y diverso espectro ciudadano? El Observatorio de Medios requiere, para su funcionamiento, de apoyos provenientes de distintos sectores sociales. En ese sentido, las organizaciones independientes de usuarios de medios pueden ser el soporte más importante para su inserción social. Para eso, uno de los objetivos que debería figurar en la agenda de trabajo de los Observatorios, es la elaboración y difusión de guías para la recepción crítica de los mensajes mediáticos, concebidos y elaborados según los requerimientos de cada sector de receptores.
Sin embargo, si es válido el análisis de las causas que originan la modificación editorial de los medios independientes, y si efectivamente está en vías de consolidarse un tipo de democracia que nada tiene en común ni con el proyecto liberal y, menos aún, con la democracia participativa, no se puede abrigar muchas esperanzas de que la labor de los Observatorios pueda incidir en una rectificación de los medios independientes. Porque un sistema que sólo nominalmente es democrático, que se reproduce mediante la manipulación de las mentes y las voluntades para mantener su poder hegemónico, no requiere de medios independientes ni le interesa auspiciar la formación de la conciencia ciudadana.
Por esa razón, otra de las metas de los Observatorios debería centrarse en promover la fundación y consolidación de un cuarto sector de medios, el de servicio público, como la vía más certera para contrarrestar el predominio de los consorcios mediáticos privados y de los medios políticamente comprometidos. Esos objetivos y múltiples tareas de los Observatorios requieren, para su realización, de respaldos financieros y apoyos institucionales que no impliquen hipotecar su independencia y que, al mismo tiempo, garanticen el trabajo científico de los investigadores. Queda, a mi juicio, un solo sector que debe y puede cobijar con transparencia a los Observatorios de Medios: las universidades.
Por eso, celebro esta iniciativa que ha promovido la Universidad Santiago de Cali. No pierdo la esperanza de que también las universidades venezolanas, una vez que las turbulentas aguas de nuestros enfrentamientos vuelvan a sus cauces , sigan su ejemplo.