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OBSERVATORIO GLOBAL DE MEDIOS
Democratizar las
Comunicaciones:
UN DEBATE PENDIENTE EN CHILE
Por Lidia Baltra
M .
Han pasado once meses desde que
se realizó en Ginebra la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información (CMSI), con el auspicio de Naciones Unidas y en el marco
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y en Chile el
importante evento ha pasado inadvertido. Tal vez se haya conversado
en círculos de especialistas, pero en ningún caso a nivel de la
gente. Y sin embargo, las conclusiones a que llegaron los
representantes oficiales de los 175 países participantes pueden
tener negativos efectos para nosotros, personas del mundo en vías de
desarrollo. Como por ejemplo, que nos sigan considerando únicamente
como consumidores de computadores y celulares.
Se dice que vivimos en la “sociedad de la información” porque con el
vertiginoso desarrollo de las tecnologías para transmitirla, es tan
inmensa la cantidad que circula electrónica y digitalmente en forma
de imágenes, sonidos, textos o data, que aquellos que no entren al
circuito quedarán más marginados que antes de los beneficios del
crecimiento económico mundial.
La Sociedad de la Información se presenta como la gran conquista del
siglo 21 a la que hay que acceder para contar en este mundo
globalizado. Pero ¿qué sociedad de la información es la que se
estaría construyendo? ¿Quién pone los contenidos? ¿Quién controla su
producción y difusión? ¿Para beneficio de quiénes?
Ya lo dijo Eduardo Galeano: “Nunca tantos han sido tan incomunicados
por tan pocos. Cada vez son más los que tienen el derecho de
escuchar y de mirar, pero cada vez son menos los que tienen el
privilegio de informar, opinar y crear”
Al término de la conferencia de diciembre último, los representantes
oficiales de la CMSI rechazaron la creación de un fondo solidario
para ayudar a superar el analfabetismo digital del tercer mundo y
postergaron la discusión sobre quién dirige Internet, con Estados
Unidos tratando de circunscribirla únicamente a los países del Grupo
de los 8. Resultados que serán analizados y más aterrizados, en la
segunda etapa, prevista para marzo de 2005 en Túnez.
Esas conclusiones ciertamente desestimaron la voz de la sociedad
civil, representada por organismos no gubernamentales (ONG), pero al
menos, ésta pudo ofrecer una voz alternativa en una reunión paralela
y sacó una declaración que llena los vacíos temáticos de la oficial,
y que se ha difundido ampliamente a través de internet.El Foro
Mundial sobre Derechos de Comunicación que se realizó el 11 de
diciembre de 2003 en Ginebra coordinado por la campaña CRIS ( por su
sigla en inglés: Communication Rights in the Information Society),
tenía como objetivo discutir los temas:Comunicaciones, Paz y
Conflicto; Comunicaciones y Pobreza; Comunicaciones, Derechos de
Autor, Patentes y Comercio; Comunicaciones y Derechos Humanos.La
declaración final de este foro coloca a la gente primero y sostiene
que información y comunicación son inseparables.
Aunque marginadas en Ginebra, las ONG que nos representan fueron
invitadas a participar en la segunda etapa de la Cumbre, en marzo
próximo en Túnez, ocasión importante, pues se constituye en el único
espacio para colocar este tema a nivel global. La campaña CRIS -
cuya sede mundial está en la Asociación Mundial por la Comunicación
Cristiana, WACC, en Londres -, se está llevando a cabo actualmente
en Africa, América Latina, Sudeste de Asia y Europa. Países
latinoamericanos como Bolivia, Colombia, Uruguay y Ecuador, han
realizado ya reuniones pre o post Ginebra, declarándose en alerta
frente a la posibilidad de que las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (NTICs) nos aplasten en lugar de
hacernos crecer.
En Chile, la oportunidad de conocer y tomar conciencia del problema
fue el Foro Social Chileno y en este panel sobre“Globalización,
comunicación y democracia” . Porque la forma cómo se manejan las
comunicaciones está profundamente ligado al ejercicio de la
democracia. Si están atadas a una sola mano, o a distintas manos
pero del mismo pensamiento, no habrá libre circulación de ideas ni
de corrientes de pensamiento y la democracia no será posible. Sólo
reproducirán el esquema hegemónico.
La convocatoria de la CMSI en Ginebra llamaba a cómo utilizar mejor
el poder de la tecnología de la información para el desarrollo.
Pero, ¿de qué desarrollo nos hablan? Para Naciones Unidas, se
trataba fundamentalmente de ver modos de acortar la “brecha
digital”, es decir, el abismo que existe hoy entre el uso y
apropiación de las nuevas Tecnologías de la Información (TIC) en el
mundo desarrollado y aquél en los países tercermundistas.
En diez años, la Internet ha llegado a más de 600 millones de
personas, el 91 por ciento de las cuales pertenece al 19 por ciento
de los países, sin duda los más ricos. En Chile, sólo el 20 % de la
población está conectada. Con más conocimientos, con más
información, aquéllos podrán multiplicar su estándar de vida,
mientras los países menos provistos quedarán aún más postergados y
marginados consolidando la desigualdad. De ahí que Naciones Unidas
convocara al encuentro pensando que si reducimos este abismo de hoy,
aumentarían las posibilidades para el desarrollo de los pueblos hoy
en desventaja.
El hecho de que la Cumbre de Ginebra se haya organizado y realizado
bajo la tuición de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), implantó desde la partida el sello tecnicista y mercantilista
al debate. Este organismo de la ONU cuenta con 189 estados miembros
y su Consejo Consultivo reúne a 660 empresas privadas, muchas de
ellas transnacionales propietarias de tecnologías que necesitan
promover.
No fue sorpresa para nadie, entonces, que la Cumbre aprobara, por
ejemplo, que los países tercermundistas deben crear los ambientes
adecuados para el ingreso de inversiones extranjeras en estas
tecnologías, ahora que el mercado en los países del primer mundo
está muy próximo a la saturación. Rechazaron en cambio la iniciativa
presentada por Senegal, de crear un Fondo de Solidaridad Digital
para ayudar a los países tercermundistas a manejar esas tecnologías.
De esta idea únicamente quedó, como caramelo, la creación de un
grupo de trabajo que estudie la viabilidad económica de este
proyecto.
Vale decir que, para los efectos de esta Cumbre, la Sociedad de la
Información se entiende como aquella de quienes tienen acceso a las
TIC en calidad de consumidores de informática y telecomunicaciones,
todo ello regido por el capital y el mercado.
Algunos ya han advertido que con el título de Sociedad de la
Información se pretende reemplazar el antiguo debate sobre
comunicaciones o “políticas de comunicación” de los años 70 y 80,
cuando la meta era establecer sistemas de comunicación más
democráticos.
LA UNESCO Y EL NOMIC
Hace 30 años, este debate se realizó en el seno de UNESCO. Fue
también lo que hicimos aquí en Chile en los 80, con seminarios y
debates entre periodistas, comunicólogos y el movimiento social
entonces en lucha contra la censura y falta total de libertades bajo
la dictadura. Pero aquel “Nuevo Orden Mundial de la Información y la
Comunicación” (NOMIC) terminó en el año 81 con el retiro de sus
principales sostenedores económicos: EE.UU y Gran Bretaña. Y en
nuestro país, con la Ley de Prensa, en cuya elaboración primero y
debate parlamentario después, se perdieron muchas propuestas para
democratizar nuestro sistema comunicacional con las consecuencias
que hoy sufrimos: gran concentración de medios y muy pocas voces
emitiendo los mensajes.
La primera vez que nos percatamos de esta patología fue bajo la
dictadura militar, donde por la naturaleza de ese régimen las
libertades estaban conculcadas y en primer lugar, la libertad de
prensa y de pensamiento. Había una sola voz . Cualquier pensamiento
altrnativo era un delito. El que pensaba distinto, o del modo
prohibido, sufría desempleo, relegación, exilio, tortura,
desaparición o muerte, según el peso político de la persona que
hubiera transgredido aquella regla o, sencillamente, de la mala
suerte de haber sido delatado como trasgresor. Eran tiempos en que
diarios y revistas aparecían con espacios o páginas en blanco y en
que el férreo control de la televisión y de la radio, las obigaba a
entregar grabaciones y libretos de los programas emitidos a la
Dirección Nacional de Comunicación Social, DINACOS, el ente
censor.En que bajo el estado de sitio se suspendía indefinidamente
la circulación de publicaciones adversas al régimen y se perseguía
con cárcel a sus directores y periodistas como fue el caso de Juan
Pablo Cárdenas, Marcelo Contreras y Fernando Paulsen. Prohibido
igualmente crear nuevos medios sin autorización del poder omnímodo
reintante. En fin, era un callejón aparentemente sin salida que nos
impulsaba a marchar por las calles de Santiago con un mordaza en la
boca.
Fue por entonces que amigos comunicólogos de diversas ONG nos
hicieron ver la conveniencia de canalizar esa rabia en forma
positiva. Que era más provechoso sentarnos a conversar el problema,
analizarlo y buscar modos de salida. Y así, con su impulso y el de
la agencia de noticias Inter Press Service sede Alemania, del
Colegio de Periodista donde entonces yo era secretaria general,
organizamos el seminario “La comunicación en los 80: alternativas y
perspectivas” , el primero de una serie que buscaba nuevos rumbos
para las comunicaciones en el país cuando recuperáramos la
democracia.
¿Democratizar las comunicaciones en 1983, aún en plena dictadura
militar? Parecía de locos, pues ya la palabra democracia causaba
escozor. Pero había empezado la movilización social y no estábamos
solos, aún cuando faltaban seis años para que los chilenos
sacudiéramos el temor y todos juntos rechazáramos la dictadura. Y
fue en esos años difíciles – del 83 al 88 - que aprendimos a
construir juntos también un sistema de comunicaciones donde todos
los ciudadanos pudiéramos dialogar en igualdad de condiciones, y que
esto se logra a través de una política de comunicaciones, pero
principalmente con voluntad política de tenerla.
Nos ayudó enormemente en este esfuerzo el conocer , gracias
anuestros colegas del exilio, los principios del Nuevo Orden Mundial
de la Información (NOII) que se discutía en Europa en el seno de la
UNESCO. Es curiosa la semejanza de situaciones que se está
produciendo entre aquel debate y el que ha surgido en este último
año sobre la Sociedad de la Información. Ese año de 1983 había sido
estatuido por Naciones Unidas como el Año Internacional de la
Comunicación y ya entonces había dos corrientes antagónicas: los que
veían la panacea en el auge y crecimiento de los flujos de
información conducidos como una industria por grandes corporaciones;
y quienes abogaban por un “flujo libre y equilibrado” no sólo de la
información sino también de la comunicación que facilitara una
interacción con y entre las naciones del Tercer Mundo. Hoy en día,
veinte o treinta años después, el debate es el mismo pero con las
tecnologías de la información mucho más desarrolladas y agresivas en
manos de transnacionales que las manejan sin contrapeso en los
mercados consumidores de nuestros países.
Entonces se ganó una batalla: el Nuevo Orden Internacional de la
Información (NOII) fue ampliado al NOMIC o Nuevo Orden Mundial de la
Información y la Comunicación. Recordemos: “información” no es lo
mismo que “comunicación”; mientras aquélla tiende a ser verticalista
y unívoca, la comunicación es horizontal y un diálogo de ida y
vuelta. Pero perdimos la guerra pues la UNESCO fue eliminada del
debate quedando en su reemplazo como única moderadora la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), situación que persiste
hasta hoy.
Nosotros, ingenuos arquitectos de una comunicación democrática en el
Chile oscurantista de entonces, no conocíamos aún este desenlace y
continuamos con nuestra búsqueda con el siguiente seminario
internacional: “Hacia una nueva comunicación para Chile” que
respondía al mandato del IV Congreso del Colegio de Periodistas de
de elaborar una política nacional de comunicaciones para el Chile
democrático de mañana. Los periodistas y estudiantes de Periodismo
seguimos un curso nivelatorio con Raquel Salinas sobre cómo se
diseña una política comunicacional y luego, acompañados por
comunicólogos y comunicadores populares, elaboramos una específica
para cada uno de los medios más importantes de entonces: prensa
escrita, radio, televisión, comunicación alternativa y popular
(estandarte de la resistencia a la dictadura) en el encuentro final
que se realizó en El Tabo en noviembre de 1984. Allí junto a
expertos como Juan Gargurevich, de Perú, y nacionales como Raquel
Salinas, Fernando Reyes Matta, Giselle Munizaga y Fernando Ossandón,
sentamos las bases de una política comunicacional democrática para
nuestro país.
En el siguiente seminario, en 1985, nos abocamos a socializar lo
avanzado y las pusimos en discusión con representantes de
organizaciones sociales y de partidos políticos. Ese fue el II
Seminario Nacional de Comunicaciones que titulamos “Comunicaciones
Hoy y Futuro”, basado en que la libertad de expresión y, en un
sentido más amplio, las comunicaciones, no son un tema sólo de
profesionales o técnicos, sino que todo el pueblo es el agente
social de la comunicación. De hecho, fueron las protestas o
movilizaciones sociales de los años 83 en adelante que posibilitaban
débiles aperturas del sistema: si bajo el “estado de sitio” existían
bandos, decretos y agresiones físicas a medios y periodistas para
imponer la censura, en los más leves “estados de emergecia”, la
censura era reemplazada por la autocensura. Obviamente, en ambos se
manipulaba la información ocultando hechos o tergiversando.
A nuestro seminario, para debatir la política de comunicaciones que
proponíamos, asistieron dirigentes sindicales urbanos y rurales,
estudiantes y profesores. Nuestros dirigentes políticos democráticos
entonces libraban duras batallas contra la dictadura y les debemos
mucho. Pero en materia de comunicaciones eran analfabetos y nos
costó mucho llevarlos a nuestro seminario a conocer nuestra
propuesta. Y los que concurrieron, más que hacer un aportes
concretos, lo hicieron como un geto de apoyo.
El resultado de ese seminario fue la aprobación de una propuesta de
Política Nacional de Comunicaciones para la Democracia, ciertas
medidas de anticipación que se podían efectuar mientras seguíamos en
dictadura y la formación de una Comisión por el Derecho a la
Comunicación.
Nuestra propuesta era notablemente más avanzada que la de la antigua
democracia previa al golpe de estado, donde el sistema
comunicacional estaba también en un marco mercantil y donde la
libertad de expresión consistía en libre empresa de medios de
comunicación social, lo cual no garantiza el pluralismo, condición
sine qua non para la plena libertad de expresión.
Se basaba en el derecho a la libertad de opinión y expresión de la
Carta de Derechos Humanos - cual es el derecho de todas las personas
a expresarse y a difundir públicamente, a buscar y recibir
informaciones y opiniones -, pero perfeccionada con los aportes del
NOMIC. Y como aprendimos en que hay una relación indisoluble entre
la comunicación y el tipo de sociedad en que ella funciona,
definimos la democracia que queríamos como una libertaria,
participativa, pluralista, solidaria, con respeto a las minorías y
sectores marginados, con diversidad cultural y respeto a los
derechos humanos. Consecuentemente, los principios básicos de
nuestra PNC eran: 1) La comunicación es un servicio, no una
mercancía. 2) El modelo comunicacional democrático requiere un
modelo de sociedad democrático en los planos económico, social y
cultural. Y 3) poner en práctica el Derecho a la Comunicación de los
ciudadanos, que significa: acceso a espacios en los MCM, multiplicar
el poder de emisión y organizar a los ciudadanos receptores de los
mensajes.
Una diferencia importante con el sistema comunicacional de la
antigua democracia era el énfasis que poníamos en el Derecho a la
Comunicación: que consistía en democratizar el poder de emisión a
través de los siguientes factores: a) derecho a ser informado veraz,
completa y oportunamente y el derecho a recibir, buscar y pedir
información. b) derecho a emitir los mensajes propios en medios de
comunicación propios (para lo cual habría que considerar diversas
formas de propiedad en los medios y solicitar para algunos apoyo en
su financiamiento) y también en los de otros, vale decir, en los
tradicionales. En otras palabras, pluralismo en el sistema de medios
y dentro de cada medio. Pedíamos asimismo participación en la
propiedad, gestión, orientación y programación de los MCS y también
en la generación, ejecución y fiscalización de la Política Nacional
de Comunicaciones. Y c) educación y organización de los receptores
como sujetos activos del diálogo comunicacional.
¿Cuáles eran estos derechos a la Comunicación que promovíamos?
- el derecho a ser informado veraz, completa y oportunamente
- el derecho a emitir sin restricciones mensajes individuales y
colectivos
- el derecho a participar en la propiedad, gestión, orientación y
programación de los medios de comunicación y en general de todos los
recursos destinados a la comunicación
- el derecho a la generación, puesta en práctica y finascalización
de políticas nacionales de comunicación
- el derecho al acceso a la información sobre asuntos públicos y al
funcionamiento de la estructura estatal, de manera de mostrar a la
comunidad la forma en que se está ejerciendo el poder.
Otra iniciativa importante era organizar a lectores, auditores y
televidentes como sujetos activos. La idea consistía en incorporar
en los planes de educación metodologías que les permitieran
desarrollar una actitud crítica y activa ante la propuesta de
contenido de los medios. El Chile en aquella época, a través de las
ONGs y las organizaciones sociales, se destacó por la creatividad
para hacer frente a la férrea censura que la dictadura imponía a los
medios desde la recepción de mensajes. En democracia, se esperaba
que el sistema educacional asumiera la tarea de educar a los/las
receptores de comunicación masiva introduciendo la lectura crítica y
activa al curriculum escolar. Sin embargo, dicho objetivo tampoco se
logró.
En 1986 y siguientes, nos dedicamos a difundir tal modelo y a
perfeccionarlo con nuevos aportes de actores sociales. Primero, en
un seminario que titulamos “Comunicaciones para la Democracia”, y
luego, en cuanta conferencia, foro, panel o congresos solicitaran
nuestra presencia. Además, echamos a andar la Comisión por el
Derecho a la Comunicación en mayo de ese año, sesionando
significativamente en la sede de la Comisión Chilena de DD.HH. Debo
reconocer que esta Comisión - que debería haber originado un
movimiento social -, no tuvo mayor eco. Todavía no se ha
internalizado que las comunicaciones no son un problema privativo de
profesionales, sino de la totalidad de los ciudadanos y por tanto
son éstos quienes deben ir reconquistando su derecho a la palabra en
los medios de comunicación masivos y a través de la multiplicación
de medios propios. En definitiva, ejerciendo su derecho a la
comunicación en su convivencia diaria.
Finalmente, tras el triunfo del No en el Plebiscito de 1988 y la
designación del candidato a la Primera Magistratura de la
Concertación de Partidos por la Democracia en 1989, los periodistas,
estudiantes de periodismo, comunicólogos y otros actores sociales
que habían participado en este largo trayecto por construir
comunicaciones democráticas, nos reunimos una vez más para
sintetizar nuestros esfuerzos, y en mayo de 1989 se presentó nuestra
propuesta de Política de Comunicaciones al Comité Técnico de la
Concertación.
Nos sentíamos satisfechos. Creíamos haber llegado a puerto. Sin
embargo, a los tres meses de entregado, al leer las “Bases
programáticas político-institucionales de la Concertación de
Partidos por la Democracia” nos encontramos con que el tema de las
Comunicaciones aparecía como un apéndice de las políticas culturales
y reducido solamente a recomendaciones para la televisión. En el
capítulo VII “Cultura y Comunicaciones”, en su últimos párrafos
aparecía una subsección “Politicas para la Televisión”, prometiendo
allí un sistema libertario, transparente, pluralista,
descentralizado y reconociendo a la publicidad como la fuente
principal de su financiamiento. Ni siquiera aparecía allí una
mención a la necesidad de cambiar la legislación censora de la
dictadura, cosa que - quizás por lo obvio -, afortunadamente se hizo
en los primeros años de Gobierno democrático.
Ya en los cerrados núcleos de dirigentes y técnicos que trabajaron
esas bases programáticas de la Concertación se vio que el cambio de
régimen sería muy controlado.
BATALLAS EN DEMOCRACIA: LEY DE PRENSA
La emoción de volver a la democracia nos cegó y nos impidió ver a
tiempo que se estaba renunciando a muchos sueños por temor a
molestar a los fantasmas de la dictadura, muchos de los cuales
estaban muy vivos. Recordemos que en el primer gobierno de la
Concertación, el Presidente Aylwin salió elegido por una clara
mayoría, pero había aún un 40 por ciento de pinochetistas y que el
Parlamento, merced a las trampas del sistema eleccionario binominal
instaurado por la dictadura, las fuerzas antagónicas estaban muy
parejas, incluso con una mayoría de derecha en el Senado gracias a
los nueve senadores designados representando el pinochetismo.
La primera señal sobre estas restricciones a nuestros sueños se vio
cuando empezaron a morir, uno a uno, los medios alternativos al
poder autocrático de los años de la dictadura: Cauce primero, luego
Apsi, Análisis, La Epoca y Fortín Mapocho, dejaron de existir pese a
las campañas que realizaron sus creadores por mantenerlo y los
desesperados llamados a los partidos integrantes de la coalición
gobernante para ayudarlos a sobrevivir.
La segunda señal la experimenté en mi primer trabajo en el Chile
re-democratizado o en vías de redemocratización, en el diario de
gobierno La Nación (en verdad, sociedad anónima mixta, con mayoría
de acciones por el fisco, pero con un accionista privado,
Inversiones Colliguay S.A.). Tuve el gran regalo de llegar el mismo
11 de marzo de 1990 –día de la asunción del poder por el Presidente
Aylwin - a plantar las banderas del nuevo r égimen en el viejo
edificio de calle Agustinas frente a la Plaza de la Constitución y
del palacio de La Moneda. Llegué a las oficinas de la dirección que
encabezaba el colega Abraham Santibáñez, junto a Alberto Luengo, con
María Olivia Monckeberg como asesora adjunta. Me encomendaron
incorporarme al equipo que preparaba el proyecto de “nuevo diario La
Nación” donde me imaginé se esperaba que volcara mi experiencia de
los ´80 en diseñar un proyecto de diario democrático y pluralista.
Convocamos a trabajadores, mujeres, artistas, profesores, y otros
actores sociales, para escuchar su opinión sobre qué esperaban del
periódico en esta nueva etapa. Se hicieron estudios comparativos y
evaluación de medios, para que el nuevo diario respondiera a las
expectativas de “la gente” (el pueblo, los ciudadanos, en la jerga
de la época). Se predicaba que el diario daría espacio a todas los
grupos, a todas las ideas, a todas las culturas y sensibilidades
sofocadas por tanto tiempo. Me nombraron editora de la sección
Opinión, con dos páginas en donde además del Editorial y la sección
Cartas del público, se ofrecían artículos de variados articulistas
representando los distintos sectores.Era la oportunidad de plasmar
en esas dos páginas el pluralismo libertario que me imaginé como la
característica general del diario. Pero para mi sorpresa y
frustración, poco a poco, la gama de mi arcoiris se fue estrechando.
Pronto me rayaron la cancha: no abrir tanto el abanico hacia la
izquierda, ni al feminismo más avanzado ni tanto espacio al tema
indígena. Al cabo de dos años, me pidieron que dejara las páginas de
Opinión y me ofrecieron en su reemplazo un suplemento de tejidos y
bordados. Abandoné La Nación a comienzos de 1993.
En agosto de 1991, la Coordinadora Nueva Comunicación convocó a un
encuentro para evaluar “Las comunicaciones en la transición: avances
y tropiezos”. Pese a estar concientes de vivir bajo una
institucionalidad heredada del régimen autocrático, el panorama no
pareció tan sombrío, porque se había avanzado mucho en eliminar la
legislación censora y restrictora de la dictadura. Con la
introducción, por ejemplo, del artículo 5º de la Constitución que
exige respetar los pactos internacionales ratificados por Chile,
pero congelados por la dictadura, y con las Leyes Cumplido (por el
Ministro de Justicia Francisco Cumplido) que comenzaron por
trasladar los delitos relacionados con los medios de comunicación,
de la justicia militar a la civil.Los periodistas consideramos
también un gran avance la devolución de la formación periodística a
las aulas universitarias. En materia de legislación, se modificó la
Ley 10.048 sobre Libertad de Expresión (legislación que modificó
bajo el gobierno de Frei Montalva a la antigua Ley de Abusos de
Publicidad) en aquellos aspectos impuestos durante la dictadura que
protegían excesivamente la vida privada de las personas públicas en
desmedro de la libertad de información. En materia de televisión, se
aprobó la creación del Consejo Nacional de Televisión, conformado en
forma pluralista, como el ente que regula las transmisiones de todos
los canales y se preparaba la transformación de Televisión Nacional
de canal gubernamental a canal público y con una administración
también pluralista. También en esos años se cambió las concesiones
de frecuencias radiofónicas y televisivas de vitalicias a
concesiones por 26 años, aún cuando no quedaban muchas por otorgar.
Y también se legalizó la existencia de “emisoras de mínima
cobertura” en circunstancias que quienes pedían esa legalidad fueron
las que dieron la lucha bajo la dictadura, las radios comunitarias,
que viabilizan la voz de las agrupaciones comunales. En cambio, las
“de mínima cobertura” se otorgan a cualquier particular o grupo que
pueda financiarla, ya que no se les dio autorización para
financiarse mediante publicidad, lo cual los condena una existencia
precaria.
En aquel seminario, las autoridades informaron que se estaba
trabajando un nuevo cuerpo legal que reuniera todos los temas de
comunicación a nivel de Ministerio Secretaría General de Gobierno -
o nuevo Ministerio de las Comunicaciones -, esta vez no para
censurar, como había sido por muchos años la legislación sobre
comunicaciones, sino para promover, respaldar y defender de la
libertad de expresión.
Me voy a detener un poco en esta última actividad del primer
gobierno de la Concertación pues como Secretaria General del Colegio
de Periodistas pude participar en esta Comisión, en los años 92 a
94, junto a representantes de empresarios de medios (ANP, ANATEL,
ARCHI), de las escuelas universitarias de periodismo y de abogados
constitucionalistas. Se preparaba el anteproyecto para lo que
terminaría como “Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e
Información y Ejercicio del Periodismo” más conocida como “Ley de
Prensa”.
Yo estaba optimista de encontrarme por fin en la instancia donde las
ideas que habíamos elaborado con tantas personas representantes de
la sociedad civil democrática durante tantos años pudieran ser
promovidas por mí y donde, si lograba convencer de su bondad, era el
primer paso serio para que pudieran plasmarse en la política
comunicacional que nos regiría en adelante. Naturalmente, debimos
dedicar largos espacios a defender las posiciones gremiales de
nuestro organismo, el Colegio de Periodistas. Pero teníamos claro
que tan importante como la eliminación de las restricciones que aún
pesaban en el ejercicio de la libertad de informacion, era plantear
las medidas que establecieran el pluralismo en nuestro sistema de
medios, en oposición a los monopolios ya existentes. Un sector de
los empresarios periodísticos se empeñó en hacernos aparecer como
defensores unicamente de nuestras prerrogativas corporativas, pero
la verdad es que con el presidente deel Colegio de entonces, Senén
Conejeros, dedicamos grandes esfuerzos a atacar la alta
concentración en los medios y en sus sistema distributivo y
promovimos artículos que impidieran al gobierno abuso en la entrega
de avisaje estatal o de facilidades para la importación de insumos a
los medios. Promovíamos también apoyo a los medios de regiones y de
sectores sociales minoritarios, como aprendimos que se hacía en
algunos países del primer mundo como Suecia o Finlandia.
Pero allí mismo, en el seno de esa comisión que creaba el
anteproyecto de ley sobre información y opinión, conocí el
frustrante sabor de la política de los consensos que regiría a los
gobiernos de la reconstrucción democrática. La mayoría de las
medidas nuevas que proponíamos en tal sentido eran rechazadas y
reemplazadas por otras que nos devolvían al esquema conservador
tradicional. Claro, en la mesa nos sentábamos once personas, de las
cuales, había 2 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, el
Ministro (Edgardo Riveros) y su asistente abogado (Guillermo Laurent),
que actuaban como anfitriones y que sólo intervenían como
moderadores y coordinadores de la reunión, es decir, en forma
neutra; 6 personas de derecha representando las escuelas de
periodismo de la U. Chile y de la U. Católica, la ANP, la ARCHI,
ANATEL, y un abogado constitucionalista; y sólo 3 personas, las del
Colegio de Periodistas, constituíamos el polo progresista. En esta
comisión se rechazaba todo lo que pudiera molestar al empresariado
periodístico o limitarle sus amplias atribuciones.
Cuando se trató el tema del pluralismo en el sistema de medios y
propusimos la creación de un Fondo para el Pluralismo en la
Comunicación Social, con recursos de la Ley de Presupuestos, aports
de la publicidad estatal, del Fondo de Desarrollo Regional Comunal y
donaciones, para apoyar los medios regionales, comunales y de
organizaciones sociales y políticas minoritarias, surgieron voces
espantadas: “¿subsidios estatales…? No, eso ya no es posible…” Y nos
miraban como reliquias de un pasado superado por la modernidad…
Tambien sugeríamos líneas de crédito blandos del Banco del Estado y
de la Corfo con los organismos fines. Pero la idea fue rechazada.
¡Qué decir cuando propusimos que ningún propietario o socio
mayoritario de un medio de comunicación podría serlo de otro, aunque
éste fuere de otra característica, para evitar los grandes
monopolios! La iniciativa fue tajantemente rechazada en primera
instancia, pero gracias a una sugerencia que recibimos del propio
Presidente Aylwin, algo se salvó, al menos en la letra de la ley, al
incorporarse a los MCS dentro de las materias que debe cautelar el
decreto ley Nº 211 o antimonopolios, que data e 1973. Pero hoy
existen ya los conglomerados que incluyen prensa, raio, televisión,
como COPESA, S.A.
El anteproyecto elaborado en el Poder Ejecutivo mutiló nuestras
principales proposiciones para crear un sistema de comunicaciones
democrático, participativo, pluralista. El Ministro Secretario
General de Gobierno de entonces era práctico: había que morigerar
las proposiciones de partida, porque de otro modo “no pasarían” en
el Senado. Más perdimos meses después, cuando, presentado al
Parlamento en julio de 1993, debimos concurrir en varias
oportunidades a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia
de la Cámara y después del Senado, a defender las propuestas que
quedaban.
El debate sobre esta ley demoró ocho años y recién fue promulgada
hace tres y aunque la libertad de expresión en su sentido más
tradicional quedó resguardada: todas las causas que antes veía la
justicia militar pasaron a la civil y se terminó con la prohibición
de infomar del Poder Judicial.
En materia de resguardo o fomento del pluralismo en el sistema de
medios, en la nueva Ley Nº 19.733 sobre “Libertades de Opinión e
Información y Ejercicio del Periodismo”, no quedó nada. Ningún apoyo
a la creación o mantención de medios de grupos de culturas o
ideologías minoritarias o regionales. Ni siquiera un apoyo derivado
de una mejor distribución de la publicidad estatal. Las medidas de
regulación sugeridas para evitar la concentración de los medios
quedaron igualmente deslavadas: se incorporó, sí, a los medios de
comunicación dentro de los items que debe fiscalizar el decreto ley
211, pero en cuanto a impedir que un mismo propietario pudiera tener
varios medios, se limitó a que “la modificación o cambio en la
propiedad o control de un medio de comunicación deberá ser
informado” a la Comisión Preventiva respectiva “dentro de los
treinta días de ejecutado”, es decir, una vez ejecutada la
concentración; y para aquellos con concesión otorgada por el Estado,
es decir, estaciones de radio o televisión, dicho cambio debe
incluir “un informe previo respecto de su impacto en el mercado
informativo”.
Sus resultados se están ya viendo en nuestros días, cuando el
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia – que reemplazó
recientemente por ley a las Comisiones Preventiva y Resolutiva - el
lunes 25 de octubre aprobó la fusión futura de dos empresas de
telecomunicaciones, VTR y Metrópolis-Intercom (ya hace unos años se
habían fusionado Metrópolis e Intercom), cuya propieded es de la
empresa norteamericana Liberty Media (100 % de VTR y 50 % de
Metrópolis), con lo cual quedarán dominando el 88 % de la television
pagada y el 50 % de la banda ancha. Quienes lo auspiciaron estiman
positivo que estas empresas fusionadas puedan enfrentar en el campo
de la telefonía fija a la transnacional Telefónica o CTC, que hoy
controla el 78 % de este mercado. Sin embargo, los analistas estiman
que la verdadera batalla se dará por el control de la banda ancha,
ya que en el futuro, a través de ella se podrá ofrecer tanto la TV
cable como la telefonía y en este tema, CTC está en desventaja
frente a la nueva mega empresa de telecomunicaciones. Entre las
restricciones impuestas por el Tribunal de la Defensa de la Libre
Competencia para aprobar la fusión, está el que no puedan subir las
tarifas de la TV por cable en tres años y que los precios sean
parejos en todo el país. Pero el senador y economista Carlos Ominami
se mostró escéptico respecto del acatamiento a esas y otras
restricciones, que a su juicio son fácilmente burlables. En cuanto a
los contenidos, el televidente puede justamente temer que los más
liberales de VTR - por los cuales en su momento se cambió a esta
empresa -, se reviertan con esta fusión dado el fuerte
conservantismo del grupo Claro que controla Metrópolis. Justamente
para defender este punto de vista, el del televidente, terció el
Consejo Nacional de Televisión cuando solicitó a la Fiscalía
Nacional Económica que se pronunciara sobre la anunciada fusión de
ambas operadoras. La respuesta – a través de sus ejecutivos, el
fiscal Pablo Mattar y ex subfiscal Juan Pablo Lorenzini – fue que no
era de su competencia cuidar la expresión del pluralismo en el
sistema de medios de comunicación y que tampoco podría considerarse
a éste como un tema que tuviera que ver directamente con la libre
competencia…
AUMENTA LA CONCENTRACION
En la prensa escrita, tenemos el oligopolio del grupo Edwards con El
Mercurio, La Ultimas Noticias y La Segunda en Santiago y 13 diarios
en regiones; y del grupo Saieh, con COPESA que publica La Tercera,
La Cuarta, Qué Pasa y acaba de comprar el semanario concertacionista
Siete Más Siete, lo que ha sido, a mi juicio, el mazazo final. Cada
vez tenemos menos alternativas para mirar la realidad. Lo hemos
visto ayer con la forma en que los medios de estos conglomerados
informaron sobre nuestra Marcha de inicio del Foro Social Chileno:
gran destaque para los disturbios de último minuto, y escasa mención
de las dos horas de alegría democrática de la ciudadanía rechazando
a Bush y pidiendo otro manera de conducir el mundo.
En materia de revistas, el grupo editorial colombiano Armas ingresó
el año pasado al mercado chileno con revistas especializadas en
autos, belleza, jóvenes donde lo espera la competencia con editorial
Televisa (Caras, TV y novelas, Vanidades, etc) y Holanda
Comunicaciones (Vea, Miss 17, TV grama, etc).
En radio, dos grandes empresas transnacionales lideran el dial:
Consorcio Radial de Chile, del grupo español Prisa y del colombiano
Caracol; e Iberoamerican Radio Chile, del grupo Claxon, donde
participan el venezolano Cisneros y otros. En televisión, de las
cinco cadenas nacionales, cuatro pertenecen a empresas privadas y en
tres de ellas hay capitales transnacionales latinoamericanos como
Televisa (Megavisión), Cisneros (Chilevisión) y el magnate mexicano
Angel González (Red TV). Es decir, todas llevan el signo empresarial
de la derecha económica. Sólo el canal público, Televisión Nacional,
ofrece una leve alternativa puesto que su directorio es tan
pluralista como nuestro Parlamento (lo que no es mucho decir).
La concentración del poder de las comunicaciones en pocas manos es
un problema no sólo en nuestro país, sino de nivel mundial. En el
último decenio, unas pocas compañías controlan los medios
audiovisuales y escritos más poderosos e infuyentes: AOL-Time Warner,
News Corporation, General Electric, Sony, Televisa, Globo y Clarín,
por mencionar a las más conocidas.
A nivel latinoamericano, News Corporation del magnate australiano de
las comunicaciones Rupert Murdoch, que opera la empresa de
televisión por satélite Sky, compró el mes pasado su homóloga Direct
TV, ambas operando en nuestro país. Con ello se produce una nueva
concentración a nivel de televisión por cable. Otras fusiones que se
ven venir en nuestro territorio ocurrirían en el campo de la
telefonía celular y fija: BellSouth con Telefónica Móvil, Smartcom y
Manquehue Net están dispuestas a ser absorbidas y hay rumores de que
la empresa mexicana Telmex está en negociaciones para comprar Entel.
De modo que lo que ya resultaba problemático con los medios
tradicionales (prensa, radio, televisión, cine), se acentúa con la
llegada de las NTICs. Irónicamente, pese a que muchas de las hoy
grandes empresas informáticas comenzaron con jóvenes nerds en el
garage de su casa, hoy requieren de grandes capitales para existir y
su finalidad prevalente es el lucro. Por tanto, necesitan vender
grandes cantidades de sus productos al mayor número de mercados.
El resultado es inevitable: un país, el mundo, es menos democrático
mientras más reducido es el grupo de quienes transmiten mensajes y
mayor el de los receptores pasivos que sólo reciben. Se le niega a
la gente el acceso a miradas distintas de los problemas sociales,
económicos, políticos o culturales. La visión única del mundo, ha
dicho Roberto Savio, presidente honorario de Inter Press Service,
conduce al pensamiento único.
“La dictadura de la palabra única y la imagen única, mucho más
devastadora que la del partido único, está imponiendo un modo de
vida que tiene por ciudadano ejemplar al consumidor dócil y al
espectador pasivo - dice Eduardo Galeano –… Los medios dominantes de
comunicación, que muestran la actualidad como un espectáculo fugaz,
ajeno a la realidad y vacío de memoria, bendicen y ayudan a
perpetuar la organización de la desigualdad creciente” . Y este
mensaje único se verá billones de veces multiplicado, en cantidad y
velocidad, por el avance creciente de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación (TIC) manejadas por el capital y el
mercado. Es lo que requiere la globalización del modelo hegemónico
para eternizarse.
En resumen, no es suficiente, como pretenden Naciones Unidas y la
Unión Internacional de Telecomunicaciones en la Cumbre de la
Sociedad de la Información, “salvar la brecha digital” con más
computadores en los países tercermundistas.
LA SOCIEDAD CIVIL TOMA LA PALABRA
Previendo el rumbo que tomaría esta Cumbre de Ginebra, las ONG
representantes de la sociedad civil y de los países en desarrollo se
prepararon con mucha anticipación para presentar una visión más
amplia de esta Sociedad de la Información, tratando de cambiar en
primer lugar, el concepto de “información” por aquel más amplio de
“comunicación”. Su propuesta “Construyendo sociedades de la
información para las necesidades humanas” ha sido difundida por la
gran red y es un documento de 25 páginas donde se plantean muchas
ideas para que “otra comunicación sea posible”.
Ecos de este mensaje se oyeron en Ginebra. Porque por primera vez la
sociedad civil fue aceptada en una conferencia de Naciones Unidas,
como invitada periférica. Fue el convidado de piedra, pero no se
pudo ignorar su presencia. Paralelo a la Cumbre las ONG que la
representan realizaron el Foro Mundial sobre el Derecho a la
Comunicación, que evacuó el informe final ya mencionado, donde se
enfatizaba el rol de las comunicaciones para crear ciudadanía y
sociedad.
Poco o nada recogió de estos conceptos la declaración final oficial
de la Cumbre, como señalábamos al comienzo, pero se avanzó un paso
cuando se aprobó también la incorporación de la sociedad civil en el
grupo que discutirá en Túnez, en marzo próximo, quién debe gobernar
la Internet, otro tema candente. Aquí se juega ni más ni menos que
el problema de la libertad de expresión, de información y de
opinión. En la actualidad, quien cumple de alguna manera esta
función es la la Corporación de Internet para la Asignación de
Nombres y Números (ICANN), creada por Estados Unidos en 1998, y con
sede en Washington. Para hacerla más independiente del país
hegemónico, se sugirió que la rigiera un organismo a nivel de
Naciones Unidas, pero Estados Unidos ha propuesto que este vital
asunto se discuta en el marco del Grupo de los 8, es decir, de los
países donde campea el capitalismo, porque en su estimación, sólo la
empresa privada garantiza la libertad de la Internet.
LA CAMPAÑA CRIS
La campaña Derechos de Comunicación en la Sociedad de la Información
(CRIS) comenzó en noviembre de 2001 por la Plataforma por los
Derechos de Comunicación, un grupo de ONG internacionales activo en
medios y comunicaciones. Para ella, la Cumbre de Ginebra y ahora de
Túnez, es un medio, no un fin, pero es un buen escenario para
comenzar a nivel mundial. “Nuestra visión de la Sociedad de la
Información se basa en los Derechos de Comunicación como la manera
de fortalecer los derechos humanos y la vida social, económica y
cultural de las personas y las comunidades. Crucial en esto es que
las organizaciones de la sociedad civil se agrupen para ayudar a
construir una sociedad de la información basada en principios de
transparencia, diversidad, participación, justicia social y
económica, e inspirada por perspectivas igualitarias de género,
cultura y regionales .”
El derecho a comunicar es un derecho humano universal, que sostiene
y sirve todos los demás derechos. La emergencia de la sociedad de la
información debe velar para que este derecho se amplíe y se refuerce
en beneficio de todos.” (Media Development, 4/2002). La importancia
de que sea reconocido como un derecho humano deriva del hecho de que
a partir de tal reconocimiento, cualquier individuo o grupo social
puede exigir del Estado que se constituya en garante de su
ejercicio. (Carlos Derpic, Defensoría del Pueblo de Bolivia). Y
cuando hablamos de comunicación, queremos decir: hablar, escuchar,
leer, escribir, expresar informaciones u opiniones a través de
gestos u otras manifestaciones, ya que lo que hacen los medios de
comuinicación - desde la imprenta hasta Bill Gates - es únicamente
multiplicar, “amplificar esa comunicación por diferentes medios y a
distintos lugares en instantes y desde uno o varios puntos” ( ).
Sin embargo, en la mayoría de los países, los medios no están al
servicio de las personas, sino del beneficio de sus propietarios que
los manejan como empresas que deben darles ganancias al vender un
producto que es la información. La información es poder y hoy en
día, la información es un elemento infaltable en la vida de las
sociedades para su mejor desenvolvimiento. Pero ¿qué pasa cuando las
personas o las comunidades, no tienen acceso más que a una forma de
ver este desarrollo y ese desarrollo no ha sido favorable para las
grandes mayorías empobrecidas? ¿Qué se requiere para asegurar un
acceso posible (que yo pueda pagar) a la información y a la
comunicación a nivel local, nacional y global? ¿Qué tipo de
propiedad de los medios se requeriría para contar con medios
amistosos con la gente y con el medioambiente?
En la mayoría de los países, los medios de comunicación están en
manos de corporaciones del sector privado.Peor aún, se considera que
mientras más lejos estén del Estado, más democráticos serán estos
medios y más democrática la sociedad donde operan. Y a contrario
sensu, es difícil convencer a la gente de que si el Estado – que
somos todos nosotros - no interviene para regular la conducción de
esos medios por parte de sus dueños, el resultado puede ser lo
opuesto, es decir, anti-democrático. Veamos el caso de Venezuela,
donde los grandes medios han hecho una fuerte campaña contra el
Presidente Hugo Chávez, en circunstancias de que, le guste o no a la
clase pudiente, el pueblo lo ha elegido y ratificado varias veces.
Los medios de comunicación no han reflejado en ese caso el sentir y
la voluntad de las grandes mayorías soberanas. Tampoco reflejaron lo
que sentían los rumanos cuando de la noche a la mañana el pueblo
derrocó a Ceacescu y lo ejecutó en la plaza pública. En otras
palabras, quiere decir que, ni manejados sólo por los privados ni
sólo por el Estado se puede asegurar que los medios reflejen el
sentir de la gente a la que deben informar y comunicar. Por lo
tanto, debieran existir distintos tipos de propiedad de los medios -
como proponíamos en nuestra política de comunicaciones de los ´80 -
y una atenta regulación por parte del Estado. Estamos hablando de
una política de comunicaciones. Todos los sistemas de medios son el
resultado de políticas gubernamentales directas o indirectas y si el
Estado se abstiene de regular, también está afectando al sistema y
eso mismo, por ausencia (default), se constituye en una politica de
comunicaciones. No es real esa afirmación que hizo un ex director de
la Secretaría de Comunicación y Cultura en el sentido de que “la
mejor política de comunicaciones es la que no existe”. Siempre
existe una política de comunicaciones. En nuestro caso, la discusión
de la Ley de Prensa y su resultado, ya estableció una, sin contar en
otras medidas administrativas que el Ejecutivo ha puesto en
práctica. Pero volvamos a la campaña CRIS.
Uno de los puntos conflictivos por los cuales esta plataforma se
abre difícil paso en el mundo globalizado y mercantil, reside en que
entre los derechos de comunicación está el uso del conocimiento
generado por siglos por la humanidad en forma libre, no
obstaculizada por las patentes y derechos de autor que la gran
mayoría de la población no pueden pagar para acceder a ellos. Se
sostiene que las ideas y el conocimiento no son únicamente el
producto de individuos ni corporaciones, sino que en su mayor parte,
son producto de tradiciones y sabiduría oral o colectiva de las
distintas culturas y sociedades. Por tanto, la sociedad tiene
derecho a usar esas ideas en beneficio del bien común, en especial
si son clave para su bienestar social y físico. Pero hay individuos
y corporaciones que se han adueñado de estas ideas y las han
patentado, colocando una barrera para su uso y beneficio por todos.
Los derechos de propiedad intelectual han limitado, por ejemplo, el
acceso del público a textos escritos con el resultado de estudios
que podrían mejorar su vida. Y también, estos derechos de propiedad
intelectual se han infiltrado en el campo de la alimentación y de la
medicina, amenazando la biodiversidad y el conocimiento milenario de
pueblos indígenas.
Por eso cuando en la Cumbre de Ginebra la sociedad civil propuso que
se permitiera el uso libre del software para internet en los países
del Tercer Mundo, Estados Unidos se opuso firmemente y en ello lo
siguió la mayoría de los estados poderosos presentes.
Estamos atrasados. Ya está en marcha la campaña CRIS (Derechos de
Comunicación en la Sociedad de la Información) en Italia y Bolivia,
Colombia y Estados Unidos, y a partir del Foro de las Americas de
julio último en Quito, en Uruguay y seguirá en muchos otros países
del subcontinente. Una de sus tareas en estos meses ha sido trabajar
el Proyecto de Gobernancia Global de la Campaña por Derechos de
Comunicación, patrocinado por la Fundación Ford, y que tiene como
objetivo apoyar la emergencia de los Derechos de Comunicación o
campaña CRIS a nivel nacional, relacionado con las necesidades
locales y la dinámica influída por los procesos globales. Con ella
la sociedad civil se prepara para la segunda parte de la Cumbre, en
Túnez, marzo de 2005. La sociedad civil chilena aún no ha dado
ningún paso al respecto.
“Nuestra visión de la Sociedad de la Información – afirma CRIS - se
basa en los Derechos de Comunicación como la manera de fortalecer
los derechos humanos y la vida social, económica y cultural de las
personas y las comunidades. Crucial en esto es que las
organizaciones de la sociedad civil se agrupen para ayudar a
construir una sociedad de la información basada en principios de
transparencia, diversidad, participación, justicia social y
económica, e inspirada por perspectivas igualitarias de género,
cultura y regionales .”
Además del documento evacuado por la sociedad civil en Ginebra, la
discusión aquí podría partir por las conclusiones del Foro Social de
las Américas realizado en julio en Quito: que las comunicaciones y
los medios de comunicación (incluyendo las TICs) son bienes de
servicio público cuya función va mucho más allá de los aspectos
tecnológicos y comerciales que pretenden imponer la Organización
Mundial de Comercio y los TLC. Y entonces, los grandes consorcios
transnacionales de las telecomunicaciones no tienen otra razón de
ser que la acumulación de riqueza y poder. Nosotros necesitamos otra
cosa: necesitamos medios que canalicen todas o la mayor parte de las
ideologías, que representen distintos pensamientos y distintas
culturas, que se puedan crear y funcionar bajo distintos tipos de
propiedad de modo de presentar visiones variadas de cómo
desarrollaros en bienestar y felicidad. Porque la comunicación es
una necesidad y no un lujo y por lo tanto, los Estados deben
reconocerla como derecho y luego garantizar su pleno ejercicio. En
esto consisten los derechos de comunicación que promueve la campaña
CRIS por el mundo.
El movimiento social chileno debe movilizarse para realizarla en
nuestro país.
Santiago, noviembre de 2004.
Bibliografía:
• Media Development, 4/2002, Journal of the World Association for
Christian Communication, WACC, London.
• Media Development, 3/2004, WACC, London.
• Action, Number 255, March 2004, WACC, London.
• Otra Comunicación es Posible, CRIS Bolivia, Memoria I y II
Encuentro Nacional, Diciembre 2002, Enero 2003, La Paz, Bolivia.
• La Comunicación en los 80, Alternativas y Perspectivas, Informe
Seminario de Comunicaciones, 23-27 noviembre, Serie Estudios
Ainavillo, Santiago, Chile, 1983.
• Hacia una nueva comunicación para Chile, II Seminario
Internacional de Comunicación, El Tabo, noviembre 1983, Ediciones
ICECOOP, Chile.
• Comunicaciones hoy y futuro, III Seminario Nacional de
Comunicaciones, agosto-noviembre 1985, Santiago, Ediciones ICECOOP,
Chile.
• Ley de Prensa. Ley Nº 19.733 sobre Libertades de Opinión e
Información y Ejercicio del Periodismo. Editado por Colegio de
Periodistas de Chile. Impreso por Editorial Pachakuti Ltda.,
Santiago, Chile, 2001.
• Diario El Mercurio, Santiago de Chile, diversas ediciones
2002-2004.
Sitios en Internet:
•
www.communicationrights.org
• www. wacc.org.uk/modules
• www.wacc.al
• www.forosocialchileno.cl
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