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OBSERVATORIO GLOBAL DE MEDIOS
ACCIONES JUDICIALES CONTRA
PERIODISTAS ¿UNA ESTRATEGIA CONTRA LA PRENSA O UNA BATALLA POR LA
VERDAD?
UNA SEGUNDA LECTURA A LAS PRIMERAS PÁGINAS DE LOS DIARIOS DE
CARACAS:
Ultimas Noticias, EL Universal, El Nacional y Diario VEA
Semana del miércoles del 15 al martes 21 marzo. 2006
Semana crítica para los medios de comunicación social. Cuatro
periodistas están siendo juzgados por los tribunales de la República
y se les imputan delitos comunes tipificados en el Código Orgánico
Procesal Penal, como son: difamación, estafa, vilipendio y calumnia.
Los casos. Dos son de acción privada y dos de acción pública
• Ibéyise Pacheco, pública una columna, en El Nacional, identificada
“Artillería de Oficio”. Demandada por el ciudadano Ángel Bellorín,
quien le estableció querella por presunta difamación.
• El caso de Gustavo Azocar Alcalá, se ventila en el Táchira, por
presunto cobro indebido de pautas publicitarias no transmitidas y
desacato a las citaciones del tribunal.
• Marianella Salazar, publica una columna en El Nacional -“En
Confianza”- demandada por presunto falso testimonio.
• Napoleón Bravo, por gestión del Tribunal Supremo de Justicia se le
imputa presunto vilipendio, se le prohíbe la salida del país.
Hechos que vuelven a poner sobre el tapete, las dos posiciones en
torno al ejercicio y desempeño de los profesionales de los medios de
comunicación, tal como se desprende de las líneas editoriales de los
impresos en análisis, a su vez reflejo del proceso político que se
experiencia en el país. Se dibujan muy claramente dos posiciones en
torno a estas acciones judiciales contra periodistas: la una
presupone una estrategia contra la prensa; la otra, plantea una
batalla por la verdad.
El Nacional el miércoles 15 en su editorial “Estrategia contra la
Prensa”, expone la posición del medio ante los hechos. “Como una
seguidilla siniestra, desde el poder se adelanta una ola de
detenciones contra los periodistas que mantienen una actitud crítica
contra el régimen (...) Cada día los venezolanos observan con
asombro, como jueces y fiscales se dedican de lleno a buscar el modo
y la manera de encarcelar a quienes públicamente discrepan de las
políticas oficiales”.
En Vea el editorial “¿Periodistas?”, del viernes 17, representa la
otra cara de la moneda. “La algarabía que invoca la condición de
“periodistas” es sencillamente un truco para rodear de impunidad un
delito (...) Lo que es delito es difamar, causar daño al crédito y a
la reputación de una persona (...) “Los periodistas nos regimos por
un código de honor. Una regla de oro de este código es decir la
verdad. Las periodistas no dicen la verdad”.
Y allí, de acuerdo a la línea editorial, quedan definidos los héroes
y los villanos, los perseguidos y los perseguidores de esta batalla
por “la verdad” o contra “los periodistas que mantienen una actitud
crítica contra el régimen”.
Surgen algunas diferencias en la elaboración de la agenda
informativa de los cuatro medios en análisis en relación a los
principales acontecimientos de la semana que se estudia.
En general, El Nacional y El Universal procuran, al construir la
noticia, calificar las medidas de “persecución y atropello a la
libertad de expresión”, distanciándolas del comportamiento de los
periodistas en cuestión. Los voceros contra tal persecución son los
propios agraviados –víctimas y héroes- y una serie de organizaciones
tanto nacionales como internacionales, abocadas a la tarea de
denunciar que "Cada minuto se oscurece la libertad en Venezuela".
Pasa a un segundo plano la dimensión legal del asunto para centrar
la atención informativa en una supuesta persecución de “disidentes”
político-comunicacionales, tal como lo destaca el titular “Bloque de
Prensa condenó persecución judicial ” y los procesos penales en
contra de las periodistas Ibéyise Pacheco y Marianella Salazar al
calificarlos de "persecución y atropello" a la libertad de
expresión. Intento, por parte del gobierno de "quebrar la voluntad
profesional de los periodistas"… "Utilizando nuevas leyes, reformas
al Código Penal que hacen de la disidencia democrática un delito…”
Llama la atención que estos dos medios prefieren ubicar las
referencias sobre tales hechos en sus páginas interiores. De manera
tal, que sólo aparecen reseñadas en sus primeras planas en 11
oportunidades, de las cuales sólo en dos ocasiones ameritan la
máxima titularidad. El viaducto, la corrupción, el Clásico Mundial
de Béisbol, la explotación petrolera, la suspensión de vuelos a EEUU
y la situación de Vargas si son, a juicio de estos medios, noticias
que alcanzan la principal notoriedad en las primeras páginas.
Últimas Noticias elabora su agenda informativa bajo la perspectiva
de las fuentes y actores que para el momento adquieren relevancia:
periodistas imputados, voceros de los poderes público y legislativo
y de organizaciones internacionales. Construye la noticia
refractando las dos posiciones desde “la injusticia, arbitrariedad y
persecución” hasta que “el ejercicio de libertad de expresión
implica responsabilidades”. El medio le da continuidad informativa,
en la sección El País, durante toda la semana. Junto a la
información hace uso de otras formas periodísticas tales como página
firmada, columna y artículos de opinión donde directivos,
periodistas del staff y colaboradores se pronuncian sobre el tema.
Difiere en que mantiene la información sólo en páginas internas.
Prefiere asignarle mayor titularidad a la gestión del Gobierno, el
Viaducto 1, Consejo Nacional Electoral, violencia urbana entre
otros.
Vea elabora su agenda informativa enmarcando las detenciones y sus
implicaciones, en el marco jurídico-legal y acentuando las acciones
por las que están siendo juzgados y sentenciados los periodistas,
deslindándolas del ejercicio profesional como tal y de su relación
con el poder gubernamental. El nudo gordiano no es la libertad de
expresión sino el mal ejercicio que se hace de ella. El problema no
es político es penal. El medio le da continuidad informativa toda la
semana y le asigna, durante cuatro, días espacio en su primera plana
. Compite en notoriedad con Visita del Presidente de Uruguay,
Declaraciones de Bush, el caso Caeez, Paramilitares.
El caso Ibéyise Pacheco
La medida de detención. Al inicio de la semana los cuatro medios
comparten el mismo titular en torno a la detención de la periodista
Ibéyise Pacheco y la disposición de ponerse a derecho, emanado de
las voces de sus abogados defensores, diferenciándose, sin embargo,
en el tratamiento informativo. Vea, en llamado en contraportada,
titula “Hoy se entregaría Ibéyise Pacheco” y Ultimas Noticias, en
paginas interiores, destaca “Aseguran que Ybéyise Pacheco pronto se
pondrá a Derecho”. El Universal y El Nacional coinciden en titular
que Pacheco se entregará ante tribunal o la justicia y se comienza a
perfilar, desde estos dos medios, a la periodista como una heroína,
cuando registran que “hizo saber que no evadirá la orden de
reclusión dictada en su contra...” Para El Universal su anunciada
entrega adquiere visos de sacrificio libertario, al trascender, que
“en vez de un acto rutinario ante el mismo Tribunal 11 de ejecución,
se pondría a Derecho en el contexto del evento organizado por la
asociación Expresión Libre, para repudiar el acoso oficial contra
los periodistas críticos” y, además, manifestar solidaridad con el
periodista Gustavo Azocar, recientemente detenido y preso en la
cárcel de Santa Ana en Táchira. Vea se centra en las declaraciones
de los abogados defensores, destacando “que acatará la decisión del
tribunal que ordenó su captura y cumplirá en la cárcel los nueve
meses a que se le condenó en 2005, por “difamación” y que cumplía en
libertad”, beneficio que fue anulado el lunes “por ser reincidente”.
Ultimas Noticias resalta la relación entre la detención con la
libertad de expresión, al seleccionar que la abogada apelará la
decisión, y su calificación como “preocupante” para la libertad de
expresión en el país.
Coincidencias. En ninguno de los medios se contrasta la información
con la de los querellantes y sólo se destaca la información de una
de las partes.
La entrega. Melodramática para unos medios y fría descripción penal
para otros.
El Nacional y El Universal mantienen la connotación pseudo dramática
al registrar el primero, como su principal titular, las expresiones
de Pacheco “! No tengo miedo!” "Ahora es cuando vienen denuncias" y
“Tratar de silenciarnos es un acto de cobardía”. Tenemos los
pantalones bien puestos. (...) Transmitiré mi programa, escribiré mi
columna. Seguiremos ejerciendo nuestro trabajo y estoy segura de que
la información va a llegar a los ciudadanos más que antes". Ibéyise
Pacheco accedió al Ateneo luego de las 12 del mediodía, justo cuando
terminaba la transmisión de un video donde denunciaba la existencia
de 16 casos judiciales públicos y privados emprendidos en su contra
desde el año 2002. El Nacional describe que en “En la sala Ana Julia
Rojas del Ateneo de Caracas, con lágrimas en los ojos, la periodista
Ibéyise Pacheco infundió valor a los presentes y comprometió a sus
colegas y a los medios para que no cesen “en la defensa de la
democracia”… “También encontró la fuerza para llamar cobardes al
vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, y al fiscal
general, Isaías Rodríguez”, a quien acusó de ser responsable de la
persecución contra Gustavo Azócar, Napoleón Bravo, Marianella
Salazar y los colegas de Anzoátegui, casos que “ revelan la gran
cobardía de este gobierno". Las últimas palabras de la periodista
antes de ingresar en el tribunal 11 de ejecución fueron “mucha
fuerza”, de esa forma se concretó la entrega de la comunicadora
social ante la justicia venezolana. Ultimas Noticias, en paginas
internas, por primera vez promociona el carácter de la medida
judicial y con un toque coloquial y domestico titula: “Ibéyise
Pacheco pagará pena en casa” por difamación, durante nueve meses.
Sin el toque melodramático, reseña al igual que El Nacional y El
Universal, la posición de la periodista que “enfrentará” lo que
calificó de “injusticia, arbitrariedad, persecución, para demostrar
que los periodistas no sólo no tenemos miedo, sino que no nos vamos
a callar y que le retamos desde prisión, para que sepan que nosotros
por la democracia estamos dispuestos a todo”.
Vea reseña, en paginas interiores, la entrega de la periodista y
mantiene su perspectiva penal, al seleccionar los señalamientos de
la Directora de Delitos Comunes de la Fiscalía sobre la columnista
de El Nacional, pesan “dos acciones una privada interpuesta por el
coronel Angel Bellorín por delito de difamación- ya sentenciada- y
otra pública por falso testimonio interpuesta por el Ministerio
Público”.
Las voces del Gobierno. “No son presos políticos”.
El Nacional incorpora voces oficiales a la noticia. Willian Lara,
ministro de Comunicación, dijo que hay una campaña orquestada por
algunos medios para desviar las investigaciones abiertas en los
tribunales. El vicepresidente José Vicente Rangel sostuvo que las
columnistas de El Nacional deben probar las acusaciones que
hicieron. El fiscal Isaías Rodríguez anunció que no intervendrá en
los procesos. Earle Herrera, diputado y comunicador social,
considera que no se debe demandar y meter presos a periodistas, a
pesar de que cree que muchos han asumido posiciones políticas que
les han traído consecuencias. “Si los periodistas que emiten una
información, comprueban que es cierta y aún así se les busca y se
les detiene, entonces se estaría violando la libertad de
información”, aclaró.
Ante las declaraciones de Pacheco y su auto calificación de
prisionera de conciencia, no se hace esperar la respuesta oficial.
El Vicepresidente José Vicente Rangel, niega tales afirmaciones y
defiende la libertad de expresión en Venezuela, lo que da lugar al
llamado en primera de Vea: “Periodistas acusados no son presos
políticos”. Rangel enmarca el despliegue mediático nacional e
internacional de las detenciones dentro de la campaña
desestabilizadora contra el gobierno. Deslinda al Ejecutivo de
responsabilidad y participación por las detenciones, los poderes son
autónomos, y establece que el ejercer la libertad de expresión
implica límites. Para el Vicepresidente el periodismo de opinión o
de denuncia no es sinónimo de difamación y de calumnia y tiene que
ejercerse con responsabilidad y respetando la verdad. Concuerda con
lo expresado por la periodista Santos Amaral, primera vicepresidenta
de la Asamblea Nacional, y que El Nacional registra bajo el titular:
La detención de Pacheco no es política : “los juicios existentes
contra Pacheco son de carácter privado (…)algunos sectores pretenden
manipular y tergiversar la detención de Ibéyise Pacheco para hacerla
ver como un hecho político y generar una campaña mediática contra el
Gobierno (…) el fin de esa estrategia es formar una matriz de
opinión para que en el ámbito nacional e internacional se crea que
el gobierno del presidente Hugo Chávez pretende limitar la libertad
de expresión en el país.”
Por tercera vez esta semana el Ministerio Público se dirige a la
opinión pública. Ultimas Noticias y Vea destacan las declaraciones
del Fiscal General, quien en rueda de prensa, hace una descripción
judicial de cada uno de los casos, para concluir que “No por ser
Periodistas se les procesa” y que “se les imputan delitos comunes”
que están tipificados en el Código Orgánico Procesal Penal, como
son: Difamación, vilipendio, estafa y calumnia. Sin embargo para los
otro medios “Fiscalía insiste en negar su vinculación con la
persecución Penal a Periodistas y desliga de la persecución judicial
contra cuatro periodistas.
Posición de Organizaciones nacionales e Internacionales. A lo largo
de la semana diversas organizaciones nacionales e internacionales
fijan posición en torno a este problema. El Nacional , refuerza su
posición ante el hecho procurando el aval internacional y, bajo un
ambiguo titular, “Denuncian que la libertad de expresión dejó de ser
un derecho fundamental”, recoge la opinión del Director Ejecutivo en
Venezuela del Instituto Prensa y Sociedad , quien cuestiona la
detención y señala que “Se ha establecido una jurisprudencia que
permite que prevalezcan los derechos procesales, la reputación y la
privacidad sobre la libertad de expresión e información”.
Bajo el titular Delitos de opinión no deben ser sancionados
penalmente, especialistas en libertad de expresión advierten que el
Derecho Internacional obliga a que las acciones que "Es un estándar
en los sistemas universal e interamericano que “los estados no
apliquen sanciones penales a la injuria y a la difamación, pues
estos son delitos de acción privada".
Durante su primera reunión anual en Quito LA SIP debatirá sobre
"acoso" a los medios y periodistas venezolanos, al igual que sobre
el alcance de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, a
partir del próximo viernes en la primera reunión anual de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Nuevamente El Nacional se apoya en el aval internacional y reseña
que SIP denuncia que Venezuela tiene un Gobierno ¿semi totalitario?,
en la voz de su presidente, Julio Muñoz, quien afirma que "abusa de
su poder y coarta la libertad de expresión". El Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Prensa se une al coro de voces de protesta y
da pié al titular “La libertad de expresión vive una hora de
retroceso, calificando la situación como de “…nueva escalada
judicial contra periodistas” considerando además, que este tipo de
situación se puede profundizar “si no hay una reacción firme y
sostenida de todos los sectores involucrados, periodistas, gremios,
medios y la propia ciudadanía”.
Las declaraciones de voceros internacionales y gubernamentales
toman, por igual los espacios informativos de El Nacional, El
Universal y Ultimas Noticias. El viernes 17 de marzo, De acuerdo al
primero: SIP Evaluara Libertad de prensa en Cuba y Venezuela,
vincula al país con el “Castro-Comunismo” y acude al juicio de
instancias superiores. Los dos últimos le dan cabida a la denuncia
del Ministro de Comunicación e Información (MINCI), Willian Lara “LA
SIP lanzará campaña de agresión desde Quito ", en concordancia con
el gobierno de Estados Unidos “utilizarán esta reunión para lanzar
la candidatura presidencial de Marcel Granier (presidente del grupo
1BC)", aunque Ultimas Noticias le concede muy poco espacio y
visibilidad en paginas interiores.
El Universal y El Nacional destacan que “El CNP convoca a Reunión
Extraordinaria y discutirá sobre Persecución Judicial contra los
periodistas”.
La preocupación e inquietud de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos es motivo de titulares de El Universal, El Nacional
y Ultimas Noticias, el primero resalta que “Solicitan Intervención
de Corte Interamericana” para que decida “medidas provisionales en
el caso de Venezuela” con el propósito de proteger a miembros de
organizaciones pro derechos humanos- no identifica- y periodistas
venezolanos. La comisión Interamericana reiteró su posición de
considerar “desproporcionada” la penalización de las expresiones
dirigidas a los funcionarios públicos “en la medida en que el
principio fundamental que rige el sistema democrático hace que los
funcionarios públicos se encuentren más expuestos al escrutinio y
crítica de la ciudadanía”. Ante esta intervención el Poder Judicial
replica, tal como fue recogido por El Universal “TSJ Ratificó
Penalización de delitos de Desacato” dada la vigencia de los
artículos del Código Penal que sanciona con penas privativas de
libertad las ofensas a altos funcionarios públicos, al ratificar los
efectos de la sentencia 1942 dictada el 15 de julio de 2003.
El Nacional, El Universal y Ultimas Noticias recogen la información
sobre la Comisión Interamericana, quien en la voz de su Presidente,
Evelio Fernández Arévalos, “pidió al gobierno que termine con
prácticas de hostigamiento e intimidación”. Destacó que en Venezuela
se han iniciado “acciones penales a miembros de organizaciones de
derechos humanos bajo cargo de conspiración contra la forma
republicana de gobierno por haber recibido fondos de cooperación
internacional para desarrollar sus labores” y por “leyes y acciones
judiciales que limitan la libertad de expresión y acceso a la
información”. Mencionó los casos de los cuatro periodistas, quienes
son objeto de “procesos penales iniciados por funcionarios estatales
por delitos de calumnia y vilipendio”.
Representación informativa de la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP). Los cuatro medios reseñan la intervención de SIP, esta vez
resaltando el documento presentado por los representantes
venezolanos a debatirse en la reunión realizada en Quito, las
intervenciones de voceros venezolanos, como la evaluación y
resoluciones que aquella toma sobre Venezuela. El Nacional, por
segunda vez en la semana, le da a esta noticia su principal titular:
SIP denuncia atropellos a medios y a periodistas. Del documento a
debatir en la reunión selecciona el texto siguiente “El proceso
político de inspiración totalitaria que adelanta el régimen que
gobierna al país registra en los últimos seis meses nuevas acciones
y atropellos de toda índole contra la libertad de expresión y de
información, periodistas y medios de comunicación independientes”.
El Universal y Ultimas Noticias prefieren elegir, de lo registrado
por la AP, el titular: “SIP deplora "maraña de leyes que atrapa la
prensa” "En Venezuela se ha ido construyendo una peligrosa maraña de
leyes para dejar atrapada a la prensa y limitar así que la
información fluya", afirmó Gonzalo Marroquín, presidente de la
Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), quien también se refirió a la falta de independencia
del Poder Judicial venezolano como un agravante de las acciones
judiciales que se han ejercido contra varios periodistas. Vea le
concede su máxima titularidad, mostrando la otra cara “La SIP
Conspira Contra Venezuela”, a partir de los juicios que sobre ella
emiten dos periodistas nacionales, uno el Ministro de Información y
Comunicación y el otro el Director de Ultimas Noticias, Eleazar Díaz
Rangel. Lara expresa que “asociaciones de propietarios de grandes
medios de comunicación del continente cómplices de dictaduras,
pretende dar pautas de libertad de prensa”; reitera que las
denuncias son parte de una campaña mediática contra Venezuela, y
realza que no hay confrontación entre gobierno y periodistas, como
lo trata de hacer ver la SIP. Opina Díaz Rangel que “No genera
confianza a nadie” porque sus apreciaciones siempre tienen “carácter
político” y, hasta ahora, no hay prueba alguna que “demostrara que
en Venezuela no se ha publicado alguna información u opinión para
que se pudiera hablar de “limitaciones a la libertad de prensa, por
lo que la SIP no le genera ninguna credibilidad ni confiabilidad”.
Venezuela acaparó atención. El informe sobre la situación de la
libertad de expresión en Venezuela fue motivo de polémica sesión de
la Sociedad Interamericana de Prensa. El vicepresidente de la
Comisión de Libertad de Expresión de la SIP en representación de
Venezuela, David Natera, afirmó que en el país hay amenazas
estructurales a la libertad de expresión y que en los últimos seis
meses se han producido nuevas violaciones a la libre información;
destacando que son reiterados "los ataques contra los periodistas y
la libertad de expresión e información en Venezuela sumando 15 en el
último período". Tras esta intervención, el periodista venezolano
Marcos Hernández, de la organización "Periodistas por la Verdad",
recriminó a Natera y acusó a los miembros de la SIP, propietarios de
medios de prensa escrita, de responder a los intereses de los
poderosos y de Estados Unidos. Por su parte, Marcel Granier, de
Radio Caracas Televisión, denunció que el Estado controla cuatro
cadenas televisivas y más de 500 emisoras de radio, lo que genera
una "concentración excesiva" de medios de comunicación.
En artículo de opinión Ewald Schanfemberg, director del Instituto
Prensa y Sociedad, "Desprestigiarlos y llevarlos al banquillo",
considera una especulación afirmar que las más recientes acciones
judiciales contra periodistas tengan propósito electoral y recordó
que en otros gobiernos se intentó juzgar la actividad periodística.
El articulista plantea otro aspecto a tomar en consideración,
¿frente a derechos que se antagonizan, cuál derecho debe privar? "Lo
que estamos viendo en Venezuela es absolutamente lo contrario: el
derecho a la información queda en un segundo plano. Tal fue el caso
de la censura previa por vía judicial impuesta en el caso del
homicidio del fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson, pues se
consideró más importante el derecho al honor del testigo clave
Giovanni Vásquez, que el derecho de toda la sociedad venezolana a
disponer de la mayor información posible sobre un crimen tan grave.
El derecho al honor termina acallando la voz periodística. Es una
suerte de antijurisprudencia, según la cual el derecho a la
información es accesorio".
Ese mismo día, la periodista Luz Mely Reyes , plantea el tema sobre
la confrontación entre los derechos libertad de expresión y
protección del honor y cuál debe privar. La periodista propone la
despenalización de los delitos de opinión, pues “a todas luces le
parece represivo”. Cree que deben derogarse las leyes que contemplen
prisión por los llamados delitos de desacato. Hace referencia a
países, entre ellos Argentina, que han optado por dirimir estos
asuntos por la vía civil. Igualmente deja claro que su posición no
significa “una defensa del mal ejercicio del periodismo ni avala la
impunidad con la que algunos colegas se pasean por esta profesión
creyendo tener patente de corso, para hacer lo que venga en gana”.
Para finalizar la semana los cuatro medios, mantienen información
sobre la SIP. El Universal, El Nacional y Ultimas Noticias resaltan:
SIP “Condena a Venezuela y/o al gobierno por violaciones – a la
libertad de expresión- y la resolución que una Misión visitará
Venezuela.
Los medios reseñan el comunicado del Ministerio de Información y
Comunicación, afirmando que el “supuesto informe” de la SIP, no
posee autoridad moral y tiene el propósito de “simular la existencia
de una confrontación entre gobierno y periodistas, cuando se trata
de ciudadanos particulares demandados por ciudadanos particulares”
Esta semana los medios de comunicación se transformaron en foro
público al llamar la atención sobre dos temas que les competen, nos
referimos a la libertad de expresión de prensa y el ejercicio del
periodismo. Las acciones judiciales privadas y públicas entabladas a
tres periodistas y a un conductor de un programa televisivo,
permiten a los medios no sólo elaborar una agenda informativa sobre
las mismas, sino que a su vez formulan, defienden y promueven una
forma de pensar y hacer el periodismo, al plantear queriendo o “sin
querer queriendo” interrogantes en torno al rol del periodista y el
periodismo y, en segundo término, al Derecho a la Libertad de
Expresión
El Rol del Periodista y el Periodismo: ¿Cuáles son los límites y
alcances en el desempeño profesional del periodismo? ¿Hacer
periodismo de opinión releva al periodista del principio de la
verdad, de los hechos y de la verificación de los mismos? ¿Ser
periodista da licencia para escribir, decir y publicar todo lo que
se le antoja? ¿Cuál es el fin último del periodismo?
Derecho a la Libertad de Expresión: ¿Es un Derecho absoluto, sin
límite y regulación? ¿Cómo derecho consagrado en la Constitución
Bolivariana debe privar sobre los demás Derechos? ¿Es exclusivo de
los profesionales de los medios de Comunicación? ¿Existe una ética
personal, profesional y empresarial del periodismo?
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