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OBSERVATORIO GLOBAL DE MEDIOS
LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN RADIO Y TELEVISIÓN
UNA SEGUNDA LECTURA A LAS PRIMERAS PÁGINAS DE LOS
DIARIOS DE CARACAS:
Ultimas Noticias, EL Universal, El Nacional y
Diario VEA , semana del 27 - 10 AL 16 - 11 2004
La discusión y aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en
Radio y Televisión tiene una gran importancia nacional por varias
razones. Resulta incuestionable la concentración de los medios hasta
constituirse en lo que se ha señalado como una de las voces más
poderosas, quizá la más potente, seductora, irresistible y
arrolladora de la sociedad actual. Por otra parte, en Venezuela el
debilitamiento y decadencia del sistema político ha tenido expresión
en el declive y la crisis del sistema de representación.
En ese contexto, los medios no se han resistido a la tentación de
llenar ese espacio y sustituir a los partidos insertándose cada vez
más en el tejido político hasta ubicarse como actores de primera
línea en la lucha por el poder político. En consecuencia, los medios
de comunicación gradualmente se han convertido en el lugar de
convergencia de la vida pública. Por otra parte, ante la falencia
del sistema político y el deterioro en la imagen de otras
instituciones estatales y públicas, en los últimos años de la
democracia representativa, los medios, en particular las televisoras
y las radios, han pretendido asumir cierto liderazgo en la
confrontación política. A grandes rasgos , este es el contexto en el
cual se elaboró y aprobó Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión-
El Observatorio de Medios de Venezuela considera de urgente
necesidad la aprobación de un instrumento legal que regule el
funcionamiento de los medios audiovisuales, en el cual se preserven,
en primer lugar, las garantías constitucionales de la libertad de
expresión y del derecho a la información sin restricciones de ningún
tipo, salvo aquellas señaladas en la Constitución y las leyes. Por
otra parte, consideramos que una ley sobre esta materia debe
propiciar y garantizar , en el marco de la pluralidad cultural de
nuestro país, una programación diversa y de calidad que promueva los
valores nacionales, la convivencia pacífica y el sentido
participativo en la sociedad democrática venezolana. Es sobre todo
importante la regulación de los espacios destinados a la audiencia
de menores de edad, no solo determinando el tipo de contenidos
adecuados según su desarrollo psicológico, sino también incentivando
su producción nacional. Por otra parte, la única forma efectiva de
contrarrestar el predominio monopólico del grupo empresarial de
medios, es la creación de un importante sector de medios
independiente, además del sector comunitario,.concebido como
servicio público y gestionado por las asociaciones de receptores y
profesionales organizados. Asimismo, es impostergable crear,
condiciones favorables para el desarrollo de la producción nacional
independiente de los contenidos para la radio y televisión.
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El Observatorio Global de Medios de Venezuela ha elaborado varios
documentos de trabajo sobre estos aspectos , respaldados por la
revista Question en su número 29, Noviembre de 2004, en el editorial
titulado ¡Ay, Resorte!. En ese sentido, se han determinado los
siguientes objetivos que debe perseguir una ley de medios en la
Venezuela de hoy:
1. Democratizar el acceso plural a la información, a las
opiniones y a las opciones culturales como condición para la
democracia, por cuanto sin una esfera pública democrática, plural,
no es posible la democracia.
2. Restringir la conformación de los monopolios y oligopolios
en los medios. Estimular la formación de un importante sector de
medios de servicio público independiente.
3. Democratizar la propiedad y el control de los medios.
4. Garantizar a mediano y largo plazo la libertad de
expresión, por lo que las regulaciones de contenido tienen que estar
plenamente justificadas sin que quede abierta la posibilidad de la
censura, sea ésta previa o a posteriori, ya que sus consecuencias
terminan siendo las mismas.
5. Garantizar la contraloría social de los medios como
objetivo democratizador, fundamentalmente en lo que se refiere al
impacto que los contenidos que transmiten los medios puedan tener
sobre niños, niñas y adolescentes.
6. Promover y democratizar la producción de contenidos, con
fines a la ampliación y democratización de la producción cultural e
incrementar, en consecuencia, la producción de contenidos
venezolanos y latinoamericanos.
El Observatorio de Medios, una vez aprobada la nueva Ley, realizará
un análisis exhaustivo de su contenido en el sentido de comprobar si
se cumplieron o no esos objetivos.
El sector de los medios privados del país ha desarrollado, desde el
mismo momento en que se anunció el Proyecto de Ley de
Responsabilidad Social de Radio y Televisión, una campaña nacional e
internacional contra dicho proyecto. En el siguiente análisis de las
Primeras Páginas de cuatro diarios de Caracas, se estudian los
procedimientos informativos sobre la Ley de Responsabilidad Social
de esos diarios en las ediciones que se indican.
Pasemos entonces, a “la segunda lectura de las primeras páginas “ de
los medios impresos.
El miércoles 27 de octubre, El Nacional, acude a la SIP y desde esa
mirada “patronal” e internacional se levanta un juicio ¿moral? a la
ley: “SIP condena al gobierno por restringir la libre expresión”
ante la “existencia de una política sistemática orientada a
restringir la libertad de prensa”. Igualmente destaca en titular
contiguo (ambos en ángulo superior derecho) otra alerta
internacional: “Venezuela cayó al puesto 90 en libertad de prensa”,
de acuerdo al ranking difundido por la organización Reporteros sin
Fronteras y que abarca un total de 167 naciones.
Este mismo diario, el jueves 28 se descansa en la opinión del
“teórico de la comunicación” Antonio Pasquali quien expresa que el
“El Chavismo busca vengarse de los medios” a través de una “ley
totalitaria, militarista, cercenadora de libertades y generadora de
censuras y autocensuras”. El diario reseña la voz del gobierno, a
través del Ministerio de Comunicación e Información, que “rechaza
posición de CIDH sobre ley de contenidos” y que acusa al relator de
dicha comisión de injerencia en los asuntos internos del país. Queda
en manos de voces externas a El Nacional el cuestionamiento a la Ley
de Responsabilidad Social denominada por este diario como Ley de
Contenido, restringiendo y limitando así su alcance y objetivos.
El Universal dirige su atención a este asunto el viernes 29 de
octubre cuando muy en la tónica de El Nacional acude a voces
internacionales para condenar a la Ley, en este caso cita al
Presidente de la CIDH, José Zalaquett, quien expresa que “Ley de
Contenido contradice protección a derechos humanos”, por cuanto
“diversos artículos de dicho proyecto no reflejan los parámetros de
protección a los derechos humanos…”sin indicar, el menos en esta
primera plana, cuales son esas contradicciones.
Mientras que El Nacional y El universal –en la última semana de
octubre- le conceden espacio en sus primeras páginas, Vea y Ultimas
Noticias la desplazan a páginas internas, para hacerla re-aparecer
en noviembre. En Vea como información colateral (llamados) y
discontinua hasta el 12 de este mes; y casi ausente en Ultimas
Noticias que solo se limita el sábado 6, a señalar discretamente
(llamado) su llegada y discusión en las aulas de clases de los
liceos, y hacer asi su primera y última presentación en la portada
del mencionado tabloide, como información resaltante.
¿Cuál es el aporte informativo que Vea le concede a la Ley en la
primera semana de noviembre?
A diferencia de El Nacional y El Universal que hacen uso de voces
externas e internas para impugnar y rechazar la Ley, a nombre de una
libertad de expresión amenazada y en peligro de ser cercenada
¿Entonces, existe? Por un régimen “totalitario y militarista”, Vea
en un estilo funcional, informa sobre los avances y retrocesos que
acompañan la discusión de la Ley en la Asamblea Nacional: “AN avanza
con Ley Resorte” (viernes 5), oposición retarda aprobación de Ley
Resorte (sábado 6) y finalizar el domingo 7 con una información
positiva al señalar la participación de aportes de niños (as) y
adolescentes a la Ley, a través de las mesas técnicas programadas
para oir las opiniones de todos los sectores, y quienes dejan de ser
las voces silenciadas para asi tener un rol activo en una normativa
legal que los afecta y les compete como usuarios de los medios
radio-eléctricos y televisión.
El lunes 8 de noviembre El Universal vuelve a la carga, esta vez en
la opinión de otro “comunicólogo”, el Prof. Marcelino Bisbal quien
asegura que “Ley de Contenido vulnerará el espacio público” y que
“más allá de la protección de los niños y adolescentes, la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión tiene un trasfondo
político que persigue controlar y reducir los últimos espacios que
aún le quedan a la sociedad venezolana para opinar”. De manera tal
que los dos expertos nacionales consultados por estos dos diarios
privados colocan la discusión de la Ley en el ámbito de la contienda
política que tiene lugar en el país y como parte de un proyecto de
corte totalitario.
Este mismo diario, el martes 8, abandona el espacio de los teóricos
de la comunicación y acude a un representante del mundo político,
Gerardo Blyde, quien informa que “Primero Justicia no asistirá mas a
reuniones con mesa técnica” e insta a las restantes fracciones de
oposición a desarrollar una estrategia de resistencia en la
discusión sobre la ley. Es de hacer notar que por segunda vez este
diario se refiere a la ley por su nombre correcto y no como ley
mordaza o de contenido, como ha sido usual en la prensa privada.
En contraposición (9 de noviembre) Vea anuncia a sus lectores que
antes de finalizar el 2004, aprobada la Ley). Declaraciones
realizadas por Wiliam Lara y que provocan reacciones en la bancada
de Primero Justicia y Proyecto Venezuela que amenaza con retirarse
si el diputado Lara no se retracta de sus declaraciones (Ultimas
Noticias paginas internas).
Misión cumplida el miércoles 10, cuando El Nacional informa que
“Oposición se retiró de la mesa técnica sobre ley de contenidos” y,
por primera vez alude al progreso de la discusión destacando los
artículos del proyecto (10, 11, 12 y 15), aprobados en la sesión del
día anterior. Información que aparece también en El Universal de esa
fecha.
A estas alturas de la discusión se interesan estos diarios en los
avances del proceso y El Nacional reseña que sin inconvenientes y
con muy pocos cambios fueron “Aprobados otros cinco artículos de la
ley de contenidos”, con lo que, de acuerdo a este diario, “el
oficialismo alcanza tres de sus objetivos básicos: 1. obligar a la
televisión por cable a ceder una señal para la producción
independiente nacional; 2. dejar establecidas las responsabilidades
discrecionales de CONATEL en los contenidos televisivos y 3. La
creación de un directorio de responsabilidad social. El sin
inconvenientes y con muy pocos cambios alude a fortaleza y las
debilidades de los grupos en discusión.
El viernes 12 y en su última información en primeras páginas, Vea
mantiene su línea informativa sobre el proceso de discusión
“aprobados artículos 16 y 17 de Ley Resorte” a pesar del “constante
saboteo de la bancada de oposición”. Como hechos colaterales
relacionados con la Ley aparece en el margen superior izquierdo la
foto de Ivan Rincón y el título: “Napoleón Bravo imputado por
vilipendio (…por haber calificado al TSJ de ser un “burdel”…) y asi
como en el margen inferior de la página pero sin foto “Manuel Isidro
Molina imputado por difamación contra las FAN”. Información que a su
vez es reforzada por el Editorial para ese mismo dia, titulado “Mas
allá de la difamación” , es importante acotar, que el jueves 11 de
noviembre, Ultimas Noticias en su primera página, pero en llamado,
hace referencia en forma tangencial y sin personalizar, sobre el
desempeño del periodista mencionado, y al que califica de
irreflexivo y poco meditado, por sus consecuencias ulteriores al
titular “investigan “ligerezas” en el caso Bustillos: averiguan
vilipendios a FAN y simulación.
El sábado 13 por primera vez la discusión de la Ley gana en
titularidad, cuando El Universal informa sobre una estrategia global
del gobierno reseñada de la manera siguiente “parlamentarios
chavistas aseguran que combatirían tácticas dilatorias”, en el
antetítulos y “Oficialismo intentará aprobar seis leyes en 15
sesiones”, en el título. Ello da cuenta de una especie de arremetida
oficial desde la Asamblea Nacional y nuevamente da cuenta de manera
indirecta de la debilidad del grupo opositor.
Nuevamente el domingo 14, este mismo diario, destaca en gran y
alarmante titular la opinión de Alberto Jordán Hernández diputado y
periodista: “Ley de Contenido acabará con 108 años de libertad”.
Destacando en el sumario que es inconstitucional porque viola la
libertad de expresión y de información, viola tratados
internacionales suscritos por Venezuela. Igualmente alerta que ya se
han aprobado 18 artículos y que deben prepararse para la regulación
de los medios impresos; alerta que quizá influye en la importancia
noticiosa que EL Universal asigna a esta noticia, casi siempre
relegada a lugares menos destacados en las primeras planas.
El lunes 15 de noviembre, El Universal que parece haber asumido la
batuta en la orquestación contra la Ley, la reseña una vez mas en su
principal titular y por segunda vez, en la voz experta de Antonio
Pasquali: “Ley de Contenido se disfraza con un manto moralista. El
Gobierno no dudará en eliminar concesiones”, aludiendo así a un
peligro real y concreto y, por demás económico. En el sumario se
reseña la preocupación de Pasquali porque el chavismo en vez de
liberar “las concesiones radiales, refrenadas por los amos de
valle,” se inventó “una radio comunitaria del régimen.
El martes 16, la ley vuelve a perder titularidad. ¿Cómo se
interpreta? ¿Cómo un receso en la batalla o como una batalla
perdida? Sin embargo, El Nacional arremete con un titular
apocalíptico: “Ley de contenidos consagra control total sobre los
medios”. Curiosamente, a estas alturas del juego, cuando la
discusión está tan avanzada, este diario informa que “un análisis
del proceso que ha atravesado el proyecto en la Asamblea Nacional,
demuestra que esta ley no sólo se propone regular a los prestadores
de servicio, sino también introducirse en el ámbito privado de los
usuarios y controlar los mensajes que reciben”.
En base al análisis realizado, los medios impresos -el Universal y
El Nacional- al discutir en sus primeras planas la Ley de RSRT,
focalizan su preocupación en denunciar un proyecto totalitario con
disfraz de moralista que atentaría contra los derechos humanos y que
violaría la libertad de expresión y de información. Para estos
medios el concepto de libertad se define en extensión y comprensión
a partir de ellos mismos, la libertad existe donde los medios de
comunicación son libres sin regulación y control. Por su parte, para
Vea la libertad se define a partir de la aprobación de la propia Ley
de Responsabilidad Social.
Por último, hay que resaltar que los cuatro medios, al menos en sus
primeras páginas, no han expresado ni interés ni preocupación por
los objetivos que debe perseguir esta ley y que son señalados por el
Observatorio de Medios como prioritarios.
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